“En el contexto de crisis y eliminación de todas las políticas públicas que existían para la agricultura familiar, resulta muy complejo trabajar en un territorio desarticulado y desfinanciado, como también lo es buscar soluciones a los conflictos que atraviesan estas familias”. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por el Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar en el que se denunció el abandono de cientos de miles de familias por parte de la administración Milei.
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Ante la ausencia estatal en el territorio, el Centro de Atención Jurídica –en el que confluyen la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, ambas de la Universidad Nacional de La Plata y especialistas del INTA (sin el aval institucional)- se las ingenió para abordar 58 casos atendidos relacionados con conflictos de tierra, arrendamientos, problemáticas migratorias, violencia de género, salud, educación, acceso a la tierra y jubilaciones de familias de agricultores, específicamente en el Cordón Hortícola de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
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“El contexto de crisis lleva a que la agricultura familiar se enfrente a la imposibilidad de acceder a derechos básicos como la salud y la educación. En este sentido, desde el Centro Jurídico pudimos observar la relación directa entre la ausencia de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar y el empeoramiento constante de las condiciones de vida de las familias”, puede leerse en el Informe de Trabajo 2025.
El ajuste y un racismo emergente
El Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar es una organización que funciona desde 2011 en la que confluyen la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, ambas de la Universidad Nacional de La Plata, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La administración Milei atacó desde el primer momento las áreas de agricultura familiar del ministerio convertido en Secretaría de Agricultura bajo la órbita de Luis Caputo y el INTA. El impacto más profundo de un desfinanciamiento de estas características ocurre en la desarticulación territorial. El proyecto de miseria planificada de La Libertad Avanza requiere un campo sin trabajadores rurales ni chacareros.
“El contexto de crisis lleva a que la agricultura familiar se enfrente a la imposibilidad de acceder a derechos básicos como la salud y la educación. En este sentido, desde el Centro Jurídico pudimos observar la relación directa entre la ausencia de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar y el empeoramiento constante de las condiciones de vida de las familias”, puede leerse en el informe citado.
El Centro Jurídico se abocó a resolver 58 casos relacionados con conflictos de tierra, arrendamientos, problemáticas migratorias, violencia de género, salud, educación, acceso a la tierra. Las cuestiones migratorias se empiezan a mezclar con un racismo emergente.
“Hemos notado obstáculos en el acceso de derechos a personas migrantes, tanto en acceso a educación como salud y también la introducción de nuevos requisitos para acceder a la radicación permanente, ello hace que su permanencia en la Argentina y acceso a derechos humanos básicos se haya vuelto muy dificultoso y vulnera derechos básicos y fundamentales de las personas”, agrega el trabajo del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar.
Apuntar a resolver las cuestiones estructurales
Eduardo González es el coordinador del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar. En diálogo con El Destape, trazó el escenario de desamparo al que fueron empujadas cientos de miles de familias agricultoras.
- ¿Cómo podrías caracterizar el ajuste de la administración Milei?
- La diferencia entre lo que sucedió durante 2025 y el primer año de gestión de este gobierno es que se sintió el desplome total de las políticas públicas. Durante el primer año de gestión sobrevivía algún tipo de soporte para la agricultura familiar, una suerte de tejido social estatal con un grado mínimo de protección. Pero durante 2025 hubo un desplome de toda esa red de contención con la aparición de sujetos empoderados a partir de la lógica oficial de excluir.
- ¿Qué significa que aparecieron sujetos empoderados con la lógica de la exclusión?
- Te salía un director de escuela o una directora diciendo ´los bolivianos no deberían estar en Argentina´ y un sinfín de trabas burocráticas y estatales para escolarizar a hijos de familias de trabajadores agrarios. Esto nos sucedió en La Plata. Nos rodean los conflictos estructurales, temas migratorios, asentamiento de la gente, no se da abasto. Lo único que tuvimos fue cierta colaboración de la provincia de Buenos Aires pero no alcanza.
- ¿Cuáles son esos problemas estructurales?
De cara a un mundo mejor y pensando en el momento en que tengamos en el país nuevamente un gobierno nacional y popular, deberíamos apuntar a resolver las cuestiones estructurales. El campo no para de concentrarse. El chacarero tiene fecha de extinción en 20 años, no tiene forma de sostenerse porque es más rentable alquilar su tierra (el que tiene). Durante los gobiernos kirchneristas no hubo ninguna política (estructural) para cambiar esto. El chacarero que es de clase media, hace ganadería, algo de agricultura, es antiperonista pero está en el territorio, produce y evita que venga un fondo inversión y extranjerice la tierra. Tenemos que pensar otras herramientas que cambien la lógica económica actual.
El alcance territorial de la Agricultura Familiar
En la Argentina existen cerca de 250.000 establecimiento agropecuarios de los cuales el 63,7% corresponde a la agricultura familiar, es decir, los responsables de producir alimentos a lo largo y ancho del país.
Según los datos Censo Nacional de 2002, la agricultura familiar representaba un 66% de los establecimientos agropecuarios (EAP, con 258.000 unidades) totales y cubrían 23,5 millones de hectáreas. Esto representaba un 13,5% de la superficie total de las EAP.
El Censo de 2018 arrojó que el mismo sector llegaba a 158.946 establecimientos (63,7% del total de establecimientos). En el camino se perdieron casi 100.000 establecimientos de la agricultura familiar.
En la provincia de Buenos Aires existen 36.797 establecimientos agropecuarios, de los cuales el 48,9% (17.985) son de la agricultura familiar y trabajan codo a codo con el INTA. La extensión territorial de este tipo de establecimientos es clave para la producción de alimentos en todo el país.
En el caso de Catamarca, existen 8245 explotaciones de la agricultura familiar, el 81,5% del total de los establecimientos rurales de la provincia; mientras que en Chaco, las EAP de la agricultura familiar representan el 72,9% del total de establecimientos; en el caso de Formosa, equivalen al 76% y en Jujuy llegan al 84%.
“En términos absolutos, las provincias de Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fe concentran la mayor cantidad de pequeños productores a nivel nacional. Mientras que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y San Luis concentran la menor cantidad de pequeños productores”, puede leerse en el informe “Pequeños Productores en la Argentina Estudio preliminar en base al Censo Nacional Agropecuario 2018”, publicado en abril de 2025.
En cuanto a la cantidad de tierras que ocupan los actores de la agricultura familiar, se observa una relación inversamente proporcional a la cantidad de establecimiento que ocupan. Si bien concentran el 63% de las EAP, en cuanto a la tierra apenas ocupan el 13,4% del área total de las explotaciones censadas en 2018.
“Esta es la imagen fehaciente de un sector mayoritario que produce en condiciones de escasez de recursos, abasteciendo principalmente al mercado interno de alimentos. Por lo tanto, esta situación nos permite dimensionar la necesidad de diseñar estrategias público-privadas que fortalezcan el futuro del sector productivo en particular, y, de este modo, garantizar una alimentación de calidad para la sociedad en general”, puede leerse en el documento que analizó el último CENSO.
El ajuste de las áreas de la agricultura familiar fue total. En el caso del INTA, los planes anunciados durante la última reunión de directorio indican que volverán a la carga con los recortes. Se insiste con la derogación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF) por no considerarlo estratégico. Pretenden una territorialidad sin productores”. Así quedó establecido en la última acta constitutiva de la reunión de directorio realizada sobre el cierre de diciembre. También se avanzará con el remate de tierras.
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