El presupuesto 2021 y las claves en el área energética

805.855 millones de pesos. Ese es el monto que, de acuerdo al presupuesto 2021, se destinará al área energética, sobre el cual el sector eléctrico obtendrá un 70 por ciento. Traducido, significa que el gobierno planea destinar un 1,7 por ciento del PBI a subsidiar la energía, un monto que iguala al del 2020 y que en un 50 por ciento al del último año del macrismo. Para tomar dimensión del mismo, basta señalar que la erogación pública más publicitada del año pasado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llegó a 9 millones de argentinos, insumió “solo” 270.000 millones de pesos.
Que grandes compañías monopólicas reciban de un Estado con escasos recursos y sin financiamiento casi el triple de fondos que lo que recibieron el año pasado 9 millones de argentinos, es un hecho que amerita diversas interpretaciones.

Como durante el kirchnerismo, desde el actual gobierno se esgrimen una serie de elementos para explicar la necesidad de subsidiar a las compañías energéticas. El primero de ellos, implica la consecuente reducción las facturas domiciliarias, lo cual resulta fundamental para el incremento de la actividad económica, pues los segmentos populares pueden canalizar el dinero “ahorrado” del pago de sus tarifas hacia otros servicios o productos, un elemento clave para un país cuyo PBI se explica en un 70 por ciento por el consumo interno. Paralelamente, cumple una función social, al permitir acceder a servicios energéticos a sectores de clase baja que en otras condiciones no hubieran podido afrontar el gasto de la factura. Asimismo, en otra de sus facetas positivas, el congelamiento o reducción de la suba tarifaria permite contener en parte los niveles de inflación, sin apelar a las recetas de ortodoxas de destrucción del consumo. Y por último, otorgan una mayor competitividad local e internacional a la industria, por medio de un abaratamiento de su producción debido a la energía subsidiada.

Este componente virtuoso de los subsidios, que no estaba exento de aspectos cuestionables, se invirtió durante el gobierno macrista, que en efecto cargó a hogares y pymes con tarifas que no solo compensaban la reducción del aporte estatal, sino también el incremento en el costo energético fijado sin control público por las compañías eléctricas, cuyos titulares estaban en muchos casos estrechamente vinculados al Ejecutivo. Fue así que los subsidios pasaron del 2,9 por ciento del PBI en 2015, último año del kirchnerismo, al 1,1 por ciento en 2019, pero con el correlato de tarifas que aumentaron, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 en un 1.925 por ciento en el caso de Edenor y Edesur, y más de un 975 por ciento en el caso del gas, frente a una inflación cumulada del 289,6 por ciento.  

La clave en la discusión

Por eso, si se busca generar un “salario indirecto” mediante la reducción tarifaria, mejorar los índices de inflación, y otorgar competitividad a la industria, resulta evidente la necesidad de efectuar subsidios al consumo energético. De hecho, incluso frente a la fuerte campaña de desprestigio contra los subsidios desplegada durante final del kirchnerismo, el FMI publicó en 2015 un estudio donde analizaba los subsidios energéticos en 152 países, en el que ubicaba a la Argentina en el puesto 68, incluso por debajo del promedio latinoamericano y de dos países modelos para el neoliberalismo, como Chile y Estados Unidos. Así, la clave en la discusión sobre los subsidios no es su necesidad, sino el monto a destinar, para lo cual resulta fundamental observar la rentabilidad de las empresas, es decir cuánto de esos subsidios pasaron a engrosar las cuentas de las compañías, y cuanto fue para la lógica reproducción del capital y del trabajo necesario para mantener en funcionamiento el sistema eléctrico.

Aún restan los balances anuales para medir el impacto de este año, en el que las tarifas se congelaron y el gobierno otorgó subsidios por 600.000 millones de pesas. Para el primer semestre, las dos distribuidoras más importantes, Edenor y Edesur, reportaron pérdidas por 1.796 y 2.586 millones de pesos respectivamente. Un resultado que puede leerse en sintonía con lo que sucedió en el país y el mundo en el año del crack por la pandemia, pero que no debería comprometer la estabilidad de estas compañías, que a diferencia del grueso de la población, tuvieron varios años de sana rentabilidad durante el macrismo. Y es que de acuerdo a la Bolsa de Valores, Edenor tuvo rentabilidades de 12.600 millones de pesos en 2019, de 4.250 millones en 2018, de 682 millones en 2017 y solo en 2016 pérdidas por 1.188 millones de pesos, mientras que Edesur, reportó ganancias por 3.087 millones de en 2018, 998 millones en 2017 y 258 millones en 2016.

Por eso, cuando Cristina señaló que no quería que las ganancias del 2021 “se la queden tres o cuatro vivos”, dio toda una definición sobre los sectores que deberá privilegiar el gobierno en 2021. Si el ya anunciado aumento tarifario de hasta un 40 por ciento para el grueso de la población y el alto nivel de subsidios volverá a tener como resultados ganancias millonarias de grandes empresas que en años anteriores obtuvieron niveles de rentabilidad incomparables con la caída de la economía nacional, significará que, al igual que en el pasado, el gobierno posibilitará que la sociedad vuelva a quedar subordinada a estas compañías. Un resultado más equilibrado demostraría que los cálculos del ejecutivo fueron los correctos en su inicial promesa de “empezar por los últimos para llegar a todos”.