Prudencia fiscal y restricción externa: los límites de la recuperación económica

Aunque no ha efectuado un ajuste fiscal, el gobierno ha sub-ejecutado partidas vinculadas a la inversión social. Como afecta la restricción externa una probable suba en este tipo de gasto.

12 de octubre, 2021 | 05.00

El supuesto ajuste fiscal que se realizó en el presente año, fue una de las muchas interpretaciones para explicar la dura derrota sufrida por el oficialismo. Especialmente, luego de la carta de CFK, quien directamente afirmó que “creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada”, concepto que fue refutado no solo por el ministro Martín Guzmán sino por otros economistas del espacio oficial.

De esta forma, al interrogante sobre las razones que llevaron al peronismo a hacer su peor elección en la historia, se sumó la duda sobre si en efecto el gobierno había llevado adelante una política con sesgo ortodoxo o heterodoxo. Como se afirmó semanas atrás en este espacio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPS) solo en dos de los primeros ocho meses el Estado erogó partidas que sostengan o superen el valor corriente de sus prestaciones, mientras que el Centro CIFRA afirmaba que, exceptuando los subsidios a las tarifas, “el gasto primario en el primer semestre de 2021 fue prácticamente igual al del mismo período de 2019”, bajo la administración de la alianza Cambiemos y el FMI.

Recientemente, un informe de FIDE agregó más detalles al respecto. Señaló que la reducción del déficit en relación a 2020 “no indica de manera directa que se esté llevando adelante un ajuste”, pero acto seguido señaló que “la inversión pública (40% del crédito), los otros gastos corrientes –incluyendo partidas de asistencia social– (52,7% del crédito) y las prestaciones sociales (64,5% del crédito) se encuentran levemente subejecutadas”. Puntualmente, señalaron que si bien el gasto primario acumulado a agosto 2021 creció casi un punto porcentual en términos reales, “entre los que más caen, aparecen las prestaciones de seguridad social, afectadas por el congelamiento de la formula jubilatoria a comienzos de año, con una caída real del gasto de 13%”.

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Gasto social y después

Más allá de su peso en el resultado de los comicios, resulta evidente que la contención del gasto en las partidas sociales, relativas a jubilaciones y planes sociales, tuvo un fuerte impacto en la elección, no solo por parte los propios beneficiarios, sino por pymes y trabajadores subsidiarios de esos ingresos para colocar sus productos y servicios, en una economía que se explica en un 70 por ciento por el mercado interno.

Con todo, pasado un mes de la elección, frente al panorama descrito y a la carta de CFK, resulta cuanto menos llamativo que aún no se hayan anunciado bonos a jubilados o un nuevo IFE, los cuales se descuentan se harán efectivos, aunque ya no para octubre.

De hecho, el gobierno sí realizó anuncios para el sector más desprotegido de la población, pero en función de lo observado sobre la trayectoria del gasto, su beneficio parece también limitado. 

El de mayor alcance, fue la suba del salario mínimo, que de forma escalonada pasará de la original suba del 35 por ciento al 52,7 por ciento, representando para este año una mejora de 13 puntos. El mismo repercute sobre todo en el millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, cuyo ingreso es la mitad de un Salario Mínimo, aunque de acuerdo al Centro CIFRA, para igualar el poder adquisitivo de diciembre de 2015 este salario debería situarse en 44.700 pesos en lugar de los 32.600 a los que llegará en el último mes del año. El otro anuncio de amplio alcance, fue la duplicación de los montos de las asignaciones familiares por hijo, que alcanzará a más de dos millones de personas y tres millones de chicos y adolescentes, aunque incluso quienes cobren el total de las mismas, que llegaría al tope de 10.126 pesos por hijo en los casos de menores ingresos, recibirán un monto equivalencia al que medía dos años atrás la Canasta Básica Saludable Infantil de la Universidad Maimónides.

Luego, las jubilaciones anticipadas en cinco años para quienes tienen 30 años de aportes, el “alivio fiscal” para cerca de 45.000 MiPymes y ONGs con deudas fiscales menores a 100.000 pesos, o el programa de registro de empleadas de casas particulares, parecieran ser acciones correctas pero limitadas para modificar el rumbo económico.

Restricción interna y externa

El mayor argumento del gobierno para haber sostenido la prudencia en la inversión social, y mantenerla por estos días, tiene que ver con la denominada “restricción externa” que no es otra cosa que la estructural falta de dólares para la demanda la población, básicamente importaciones de insumos para la industria, turismo, o simplemente ahorro.

Y es que si bien existe un limitante en la emisión monetaria que puede efectuar el Banco Central, el mayor temor es que los pesos puestos en circulación terminen presionando al dólar (no por parte los beneficiarios de la inversión social, pero sí por industriales y comerciantes que reciben estos pesos), con todo lo que ello repercutiría en la inflación por una suba abrupta en el tipo de cambio.

Detrás de este limitante, existe una clara situación estructural, vinculada a una industrial nacional tradicionalmente dependiente de importaciones de insumos y bienes de capital, muy agravada por los gobiernos neoliberales de la dictadura cívico militar, el menemismo, y la dos Alianzas (UCR-Frepaso y PRO-UCR), que además de debilitar fuertemente el tejido productivo nacional, endeudaron intensamente al país en moneda extranjera, lo que agravó aún más la carencia de divisas tras un período de artificial bonanza.

Pero también, por otros elementos adjudicables al actual gobierno, como el no haber revertido el deficitario control de las exportaciones, que de acuerdo al Instituto Wider de la ONU ubica al país entre los cinco del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de las empresas trasnacionales, fundamentalmente a través de la Hidrovía, sobre la cual no hubo hasta el momento mayores definiciones. También, por la pérdida de cerca de 4.000 millones de dólares en las reservas internacionales durante 2020, pese a haber sido uno de los años más favorables en el intercambio comercial, con un superávirt de 12.500 millones de dólares, o una menor iniciativa para gravar al sector que más concentra los dólares en el país, pues no se repitió la suba de retenciones o el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que fueron sancionadas por el actual gobierno a fines de 2019 y fines de 2020 respectivamente, incluso cuando a partir de esa fecha comenzó a experimentarse la fuerte suba de las materias primas.

Cuestiones que hoy actúan también como limitantes, y demuestran que la prudencia gubernamental en el gasto social responde a una decisión política, pero también a factores económicos, entre los que se pueden hallar tanto elementos estructurales como otros coyunturales.

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Julián Blejmar

Graduado en Comunicación y Economía por la Universidad de Buenos Aires y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Desarrolló su labor como periodista económico en las publicaciones Página/12, Miradas al Sur, Forbes, y como columnista económico en los noticieros del canal CN23. Autor del libro “José Ber Gelbard”, Universidad de General Sarmiento, 2019. 

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