El Gobierno nacional busca revisar los beneficios impositivos a los grandes grupos empresarios y grandes firmas, a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas. El motivo de la medida es lograr el equilibrio fiscal y un consenso político de cara al debate del Presupuesto 2023 que se discutirá durante las próximas semanas en el Congreso de la Nación.
El total de Gastos tributarios para el año 2023 asciende a 2,49% del PIB, que se agrupa en dos componentes principales. Por un lado, se encuentran los derivados de normas impositivas (1,81 % del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,68 del PIB).
El Gobierno considera gasto tributario al "monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos". Esto implica, por lo tanto, una transferencia de recursos públicos.
Desde la Casa Rosada consideran que a partir de la disminución del gasto tributario, se permitirá "robustecer" los recursos del sector público y al mismo tiempo, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias. Desde el Proyecto de Presupuesto 2023, se plantea un resultado primario deficitario (medido en base caja de -1,9% del PIB) que podría ser mejorado si el gasto tributario tan cuestionado se revisara a la baja.
En el documento quedan a la vista un conjunto de gastos tributarios "que concentran casu el 60% del total (1,49% del PIB)". Entre los más destacados aparecen el Impuesto a las Ganancias (con exención de los ingresos de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, por $237.850 millones) y las ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (por un total de $107.282 millones); en el IVA por prestaciones médicas a obras sociales y al PAMI y las alícuotas reducidas que presentan una pérdida de recaudación de $960.963 millones.
También figuran el Impuesto sobre los Bienes Personales (por la exención de depósitos en entidades financieras, por $33.729 millones) mientras que por los diversos regímenes de promoción económica la pérdida para el fisco es de $995.057 millones, de los cuales $519.720 millones corresponden a los beneficios para Tierra del Fuego.