Desde hace varias décadas la gobernabilidad en Argentina está estrechamente ligada y condicionada a las variaciones en la cotización del dólar. En realidad, la devaluación de nuestra moneda y con ello la alteración de diversas variables de la economía local.

Los golpes de Mercado esconden su condición de tales, como los intereses sectoriales que los provocan y los sujetos –personas y corporaciones- que son los que en verdad constituyen esa entelequia.

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Para esos mercaderes y sus sirvientes nativos la divisa que siguen no es nuestra bandera nacional, sino la moneda estadounidense que representa la patria de los sin patria. Son aquellos que puede fugarse y habitar en cualquier suelo, en tanto conserven para ellos o para sus mandantes el capital generado por el trabajo argentino.

Salarios e inflación

La tensión inocultable entre precios, dólar e inflación conlleva un efecto depredador que se ensaña, particularmente, con el salario y los magros ingresos de quienes deben recurrir a diferentes estrategias de supervivencia (emprendedores, autogestionados u otros apelativos que reciben los que se desenvuelven en la economía informal).

Desde el Gobierno se empeñan en negar relación alguna entre esos factores, del mismo modo que le restan la trascendencia, configurante de una real emergencia, que representa el incremento sideral en las tarifas de los servicios públicos.

En sintonía con esa desaprensiva visión de la realidad, imponen techos a las paritarias que no superan un mero piso y sin distingo sectorial alguno, alientan en los empresarios conductas antisindicales que el propio Estado despliega en el ámbito público y emprenden medidas persecutorias contra los dirigentes gremiales y sindicatos que se resisten a esas políticas precarizadoras.

La desocupación creciente se conjuga con el avance en la pérdida de derechos sociales consolidados desde hace mucho en nuestro país, induciendo a su vez a la resignación de reclamos frente al riesgo de perder el empleo y con ello el debilitamiento de las organizaciones gremiales para el ejercicio de sus funciones esenciales en defensa de los trabajadores.

¿Qué clase de empleo nos proponen?

Escaso y de baja calidad, flexibilizado al máximo y acompañado por formas atípicas de contratación e, incluso, por figuras inconcebibles y alternativas privadas artificialmente de su naturaleza laboral.

El ideal que proponen es un modelo signado por la meritocracia, sometido a la mayor genuflexión, disponible a tiempo completo y con permanente acechanza del desempleo en función de los niveles de productividad alcanzados.

En fin, un trabajo con poca o ninguna protección legal, carente de garantías salariales, sin cobertura sindical ni convencional, sin límites diarios o semanales para el desempeño del puesto que discrecionalmente imponga el empleador, despojado de una razonable protección contra el despido arbitrario.

Si alguien piensa que esa descripción es increíble, sólo producto de una insidiosa o febril imaginación, bastaría con remitirse a los nuevos proyectos de Reforma Laboral que el Gobierno ingresó en el Senado la semana pasada para advertir que la realidad supera toda supuesta ficción en el relato precedente.

Frankestein y el regreso de los muertos vivos

Que Cavallo, estatizador en 1980 de la deuda externa contraída por el sector privado y creador en 1991 de un Frankestein con el uno a uno, haya sido convocado en el 2001 para desactivar ese monstruo, es una prueba más de la impericia y falta de apego patriótico de De la Rúa, uno de los más inútiles –e impunes- gobernantes de nuestro país.

Pero ahora es otro Presidente fútil y cuyos conflictos de intereses emularían, en lo colectivo laboral, una huelga general por tiempo indeterminado, quien ha llamado a Cavallo para que lo asesore.

La razón no deberíamos buscarla en el curriculum del asesor, sino en antecedentes más propios de un prontuario. Aunque sí tendríamos que ligarla a un vector peligroso y apto para el desarrollo de una epidemia purulenta, amarilla viscoza, que pone en riesgo el cuerpo de la Nación.

Frente a peligro semejante no es de quienes gobiernan que podemos esperar que, por decisión propia, respondan a lo que la Patria demanda, a pesar del juramento formulado al asumir sus funciones, sino que somos todos los interpelados por esa demanda.

Desatender ese llamado, seguir creyendo que es sólo en las redes sociales donde debe expresarse la resistencia a tanta impudicia antidemocrática, constituiría un error y una concepción tan irreal como los trolls pero sin la eficacia que a éstos se les asigna.

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