La ausencia de diálogo social impone analizar sus causas y, particularmente, los riesgos de agravamiento de la conflictividad creciente en esta etapa crítica que vive la Argentina.

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Del dicho al hecho

En una sociedad democrática es legítimo aspirar al diálogo que, para ser fructífero, precisa una vocación que se traduzca en hechos concretos con tal propósito y no se limite a meras declamaciones.

Exige por supuesto una disposición a escuchar que, en los ámbitos institucionales del Estado, importa atender a los reclamos que se formulen, una consideración respetuosa de sus fundamentos y brindar respuestas oportunas que expresen su efectiva valoración.

Los hechos y los actos de gobierno que se suceden desde diciembre de 2015, a pesar de las recurrentes apelaciones al diálogo que manifiesta discursivamente el Presidente y su Equipo, lejos están de ajustarse a premisas semejantes.

Medidas de enorme impacto que alteran el funcionamiento regular de la República, que afectan el financiamiento del Estado, que implican un efecto regresivo en la distribución del ingreso, que comprometen no sólo el presente sino el futuro de la Nación, que menoscaban derechos fundamentales de la población y en particular de los grupos más vulnerables, han sido adoptadas sin atisbo alguno de consulta o relevamiento de otras voces y, con frecuencia, incurriendo en serias irregularidades.

Entre tantos ejemplos pueden señalarse, la sustancial reducción o eliminación de retenciones a producciones agrarias y mineras, la derogación parcial –seguida de la desactivación en la práctica- de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo ambas por medio de DNU; la designación por Decreto ordinario de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia; el brutal aumento de las tarifas de los servicios públicos; la disposición de bienes estratégicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, la eliminación de subsidios; el Acuerdo con el FMI.

Asimetrías evidentes

El contexto en que se inscriben muestra notorios contrastes que, por sí mismos, dan cuenta de una sesgada conducta que a la par de resultar contraria a toda interlocución, en nada puede favorecer a superar la alegada grieta que se planteaba como un objetivo principal de esta gestión.

Resolver el problema del “campo” no ha pasado de proveer cuantiosos y crecientes beneficios a los grandes productores, omitiendo toda solución a la acuciante realidad que presentan las economías regionales y la agricultura familiar o de baja escala.

La persecución de los políticos opositores, como de todos aquellos que se enfrentan a las decisiones gubernamentales, es una constante. Tanto como la utilización de procesos judiciales para concretarla, los que exhiben groseros vicios en su tramitación, la violación de garantías básicas y una absoluta asimetría con el proceder observado con los amigos o cercanos al Poder.

La pasividad frente a los abusos de las fuerzas de seguridad o las ilegales operaciones de los servicios de inteligencia, tanto de parte de los fiscales y jueces que pierden la proactividad que los caracteriza en otras causas –incurriendo incluso en groseras incompetencias-, como de las Áreas de gobierno comprendidas que. Independientemente, deberían instar las investigaciones pertinentes.

Las relaciones laborales

En el mundo del trabajo el diálogo adquiere un valor fundamental, toda vez que se trata de un ámbito en el que subyace una conflictividad estructural –entre Capital y Trabajo- y se distingue por las inveteradas prácticas antidemocráticas del empresariado.

Favorecerlo es una obligación del Estado en procura de una razonable paz social, siendo indispensable asegurar un marco regulatorio básico que brinde efectiva tutela al trabajador y garantice el desenvolvimiento de sus organizaciones gremiales para que, mediante negociaciones libres, alcancen la autocomposición de los conflictos.

No se condice con ello el amparo de las arbitrariedades patronales y de su incumplimiento de la ley, la tolerancia de masivos despidos –con frecuencia discriminatorios- sin intervención ninguna de las autoridades del trabajo. La desaprensiva modalidad de comunicar cesantías mediante simples avisos colocados en las puertas cerradas de las fábricas y con cordones policiales para amedrentar a los despedidos, que también se vienen verificando en el sector público en distintos organismos estatales.

Tampoco, los cepos que se imponen a las paritarias, la constante intromisión –o lisa intervención- en los sindicatos, el acoso recurrente a los dirigentes gremiales, la promoción de negociaciones colectivas que implican pérdidas de antiguas conquistas o coadyuvan a dotar de aparente legalidad a la precarización –en muchos casos ya producida de hecho- en las condiciones de trabajo.

¿Vías de hecho?

No es alentador el devenir estimable de la degradación de las instancias institucionales, de las permanentes omisiones por los funcionarios públicos de los deberes a su cargo, de la pérdida paulatina de toda autonomía de los magistrados como del estricto apego a la ley, de la tolerancia –y hasta inducción- de prácticas represivas feroces como arbitrarias de las fuerzas de seguridad, de soslayar absolutamente el reclamo y clamor popular.

Ya no es posible mantener la estructuración del Estado en una rotación entre conservadores y liberales; ya no es posible limitar la función pública a la mera misión de Estado gendarme…. Lo que los Pueblos avanzan en el camino político puede ser desandado en un día; puede desviarse, rectificarse o perderse lo que en el terreno económico se avance; pero lo que en el terreno social se adelante, eso no retrocede jamás… Hoy no es posible organizar sin el Pueblo, ni organizar un Estado de minorías para entregar a unos pocos la administración de la libertad…” (J. D. Perón, dirigiéndose a la Convención Nacional Constituyente el 27 de enero de 1949).

Si se persiste en obstaculizar o clausurar todo acceso a los espacios de debate democrático, a la posibilidad de ser escuchado y atendido para la resolución de problemas cada vez mayores que afectan día a día a más personas, de hacer cesar situaciones de gran injusticia, no desaparecerán esas exigencias sino que recrudecerán.

Difícil será entonces, esperar un diálogo superador de la conflictividad social, constructivo políticamente, si el Gobierno continúa haciéndose el sordo y fomentando la sordera de una minoría prebendaria, frente a la crítica situación que vive la mayoría de la población.

Como el agua o el fuego que son incontenibles cuando no se han tomado las prevenciones adecuadas, ignorar el sentido –y fundamento- de las multitudinarias manifestaciones y movilizaciones cotidianas que se registran en todo el país, en la que convergen amplios sectores con representación colectiva, sólo puede llevar a acentuar las vías de hecho ante la desatención de quienes tienen la responsabilidad de encauzarlas institucionalmente.