El juez federal Claudio Bonadio ordenó detener a dos empresarios y a dos exfuncionarios del kirchnerismo, en el marco de la investigación por "los cuadernos del chofer" que expone una presunta trama de corrupción durante el gobierno anterior.

Ayer, tras la orden de Bonadio, efectivos de la Policía Federalallanaron una casa del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, en la Capital Federal, pero no lo encontraron ya que no estaría en el país. Además, dispuso detener al ex secretario privado de De Vido y ex miembro de la AFI, José María Olasagasti. Ambos fueron nombrados por expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner en su declaración ante el juez.

Quienes sí quedaron detenidos son elextitular de la UIA y de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain y el empresario Raúl Vertúa.

Lascurain se había presentado el jueves ante la citación del magistrado y negó todos los cargos. "Le dije al juez que no tengo nada que ver en absoluto con esta gente. Cómo no voy a colaborar con la justicia si vine acá a declarar", explicó a la prensa al salir de Comodoro Py.

Uberti fue director del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y está procesado por el presunto pago de coimas de empresarios para recibir contratos de obra pública, en una causa que incluye un fideicomiso con Venezuela.

Las detenciones se dieron luego de que en esta jornada tres nuevos empresarios se sumaron al listado de "arrepentidos" en una jornada cargada de indagatorias. Uno de ellos, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner brindó detalles sobre supuestos "retornos" por la concesión de obra pública durante el gobierno kirchnerista.

Wagner, dueño de la constructora ESUCO, declaró ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que negoció directamente con el ex ministro Julio De Vido el pago de coimas para el "reparto" de la obra pública y que se abonaba entre el 10 y el 20 por ciento del precio total.

Se trata del primer empresario que declara en la causa por asociación ilícita reconociendo el pago de coimas al gobierno kirchnerista a modo de retribución por la concesión de obra pública, que se entregaba en forma discrecional.

Los otros dos empresarios que fueron aceptados como imputados colaboradores para que al fin del proceso se les reduzca una eventual condena fueron Jorge Neira (Electroingeniería) y Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), quienes también dejaron los Tribunales de Comodoro Py por la noche.

Otro que declaró fue el empresario Aldo Roggio, aunque su acuerdo sería aceptado por Bonadio recién el próximo lunes, mientras el director y vicepresidente de Electroingenieria Gerardo Ferreyra y Hugo Eurnekian, respectivamente, sólo prestaron declaración indagatoria y se retiraron.

La ronda de indagatorias, que seguirá el lunes próximo con la ex presidenta Cristina Kirchner, concluyó esta semana con la presentación de Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, quien reconoció en el Juzgado el pago de "contribuciones" al gobierno kircnnerista para que intercediera ante Venezuela para solucionar un conflicto por la estatización de SIDOR en 2008.

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