El presidente de Amnistía Internacional en Turquía, juzgado por pertenencia a "organización terrorista", fue detenido el miércoles por la noche, horas después de que un tribunal de Estambul ordenase su puesta en libertad condicional, informó la oenegé.

Taner Kiliç fue detenido en junio de 2017 y había permanecido encarcelado desde entonces, acusado de pertenecer al movimiento del predicador Fethullah Gülen, designado por Ankara como el cerebro de la intentona golpista del verano de 2016, lo que él niega firmemente.

Durante una vista de su juicio el miércoles, un tribunal de Estambul ordenó su puesta en libertad condicional, para alivio de sus allegados y de Amnistía Internacional.

Pero inmediatamente después se emitió una nueva orden de detención y Kiliç fue arrestado en una gendarmería de Izmir, localidad del oeste del país donde estaba encarcelado, anunciaron durante la noche varios responsables de la oenegé en Twitter.

"Tomamos un vuelo a Izmir y fuimos hasta la cárcel con la esperanza de presenciar la liberación de Taner con su familia", tuiteó Gauri van Gulik, directora del programa Europa de Amnistía Internacional.

"En su lugar, hacia medianoche, Amnistía Internacional vio como Taner era llevado de la prisión a una detención en un puesto de gendarmería", agregó.

Van Gulik, que denunció "maniobras legales extranjeras destinadas a mantenerlo entre rejas", agregó que Kiliç debía comparecer ante un tribunal el jueves por la mañana para que se tomase una decisión sobre su detención.

Kiliç es juzgado junto a otros 10 activistas de derechos humanos, que obtuvieron la libertad condicional, entre ellos la directora de Amnistía en Turquía, Idil Eser, un ciudadano alemán, Peter Steudtner, y un activista sueco, Ali Gharavi, todos acusados de haber ayudado a tres "organizaciones terroristas": el movimiento del predicador Gülen, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y un grupo minoritario de extrema izquierda llamado DHKP-C.

Este juicio, cuya próxima audiencia está prevista el 21 de junio, aumentó la preocupación sobre el deterioro de las libertades en Turquía después del intento de golpe de Estado, al que siguió la detención de 55.000 personas, entre ellos periodistas críticos con el gobierno y miembros de la sociedad civil.

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