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Ricardo Gauré fue despedido de su trabajo como chofer de la Línea 720, tras 10 años de antigüedad. El motivo fue donarle un órgano a su hija. Días atrás, Ludmila, de seis años, murió. El trágico hecho se enmarca dentro de la crueldad del sistema patronal sino también la desidia de un sindicato como UTA, en connivencia con los grupos empresarios donde los trabajadores buscan que alguien que los escuche, aunque todavía no han tenido respuesta institucional alguna.

En el año 2013, nació Ludmila, la hija de Ricardo Gauré: “Cuando ella nació empezó con problemas de salud, necesitaba un transplante de riñón porque se me moría. Yo pude ser el donante de mi hija y le doné todo lo que necesitaba. A partir de ahí empezaron todos los problemas con la empresa”, recuerda, devastado por el trágico desenlace por el que transita.

Al reincorporarse de la operación, Gaure retomó sus tareas, pero al no poder rendir como el empresario lo requería, le hicieron la vida imposible y los hostigamientos no cesaron:

“Desde la empresa me hicieron la cruz, empezaron a pasearme por todos lados: me bajaron del coche en el que estaba fijo, a ponerme en los peores coches y en los peores recorridos, para no poder hacer plata. Empezaron a buscar cualquier cosa para hacerme sentir incómodo en la empresa, pero yo la seguía peleando porque sabía que tenía que ser así por mí hija y no quedarme sin obra social, aguanté de todo”.

Incluso para no faltar y poder cobrar fui a los días de ser transplantado, tenía la herida de la intervención que iba desde la tetilla hasta abajo del estómago. Volví a trabajar porque si no lo hacia no podía tener dinero para asistir a mi hija que estaba grave. Cuando volví mi herida se abrió y se infeccionó, casi me muero y por supuesto sin obra social”.

Gauré relata que, al terminar una jornada laboral, los directivos de MOTSA le ordenaron que llevará el colectivo a la verificación, a lo que él se negó por no corresponderle y porque su hija estaba con fiebre. “Por eso me echaron de la empresa. Me dejaron afuera por haberme negado a llevar el coche. Dicen que el día de trabajo termina cuando ellos lo deciden y no cuando yo lo decidía, siendo que yo ya había trabajado diez horas y media”.

Los directivos del grupo MOTSA despidieron a Gauré sin indemnizarlo: “Me despidieron sin darme un peso: no me dieron el sueldo ni la liquidación y no me pagaron nada. Me dejaron a mí hija sin obra social, siendo que hay una ley que me ampara por haber sido donante de mi hija discapacitada. Pero no les interesó nada. Ellos se encargaron de manchar mi legajo para que no pueda entrar a trabajar en ningún otro lado”.

Meses después de su despido, Ludmila, la hija de Ricardo, falleció con tan solo 6 años en una sala del hospital Gutiérrez. Sus amigos y compañeros solicitan difusión, a la vez que iniciaron una colecta para ayudar a la familia.. “Ahora a mi hija ya no la tengo más. No pude darle todo lo que necesité darle. Ellos me arruinaron”, dispara.

Ludmila falleció los primeros días de marzo, sin asistencia y Ricardo, sin trabajo.

Explotación y persecución

protesta motsa 720

No es la primera historia que se conoce sobre esta línea de colectivo. Son diversos los reclamos y quejas de los trabajadores.

La 720 pertenece al grupo empresario MOTSA que nuclea diversas líneas. Sus empleados reclaman que sus directivos desconocen el convenio colectivo 460 / 73 ya que promueven el trabajo a porcentaje: los choferes cobran de acuerdo a la cantidad de boletos vendidos, en jornadas que alcanzan las 15 horas diarias.

“Tenemos algunos compañeros que tuvieron ACV o cáncer y no tienen asistencia. Es más al compañero Gaure la UTA le retiró la obra social cuando más lo necesitaba. En la empresa si no recaudás no cobrás, podés hacer 15 horas y depende del día” cuenta Fabián Acosta, chofer despedido de la línea por reclamar un aumento de salario.

“Nos obligan a pagar, si tenemos un accidente o algo no tenemos ningún tipo de protección. Hay unidades que están totalmente desprotegidas, no solo es un peligro para nosotros sino también para las personas que viajan en los colectivos y encima si pasa algo tenemos que pagarlo nosotros”.

Los colectiveros también conviven con la inseguridad del contexto: “Hemos tenido casos de compañeros que sufrieron robos e incluso los han secuestrado, golpeado asaltado. La patronal no solamente no asiste ni da contención a los compañeros que sufren ese tipo de ataques sino que también, cuando son víctimas de robos, asaltos tienen que pagar los mismos colectiveros todo, es muy injusto” dice uno de los empleados que actualmente trabaja y prefiere reservar su identidad.

Son diversos los casos de despidos injustificados. Es más muchos de ellos denuncian persecución y hostigamiento una vez que dejan la empresa. Los amenazan e incluso les inician causas por hostigamientos y amenazas a la empresa. “Si reclamás, sabes que se te cierran las puertas para otras empresas que también se manejan de esa manera” cuenta Acosta que está imputado por amenazas.

A pesar de que intentaron llevar el caso de diversos trabajadores a órganos institucionales no han obtenido respuesta.

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