La actual conformación del Consejo de la Magistratura está a menos de un mes de cumplir mandato. Son tiempos de cambios. El 18 de noviembre concluye un ciclo y, según afirman en la institución, quieren dejar “los papeles al día”. En esa línea, el pasado 25 de octubre se desestimaron treinta denuncias contra jueces, entre las que se destaca la que apuntaba contra el camarista Alejandro Slokar y la asociación civil Justicia Legítima, que se basaba en un artículo periodístico del diario La Nación que contenía información falsa. Se trata de un movimiento a contracorriente si se tiene en cuenta que el oficialismo utilizó al órgano que selecciona y sanciona magistrados para disciplinar al Poder Judicial.

En total, el pasado jueves se desestimaron 30 de las 31 denuncias tratadas en el plenario. Diecisiete de ellas se desecharon in limine, es decir, que ni siquiera se abrieron a prueba. En ese lote se encontraban los casos de jueces que fueron desplazados, como el camarista federal Eduardo Freiler, se jubilaron o renunciaron. Algunos de ellos por presión del Ejecutivo, como fue el caso del también camarista Jorge Ballestero. Estas acusaciones se declararon abstractas, porque los acusados ya no ejercen la magistratura. No obstante, sus expedientes quedan como huellas que evidencian la instrumentación que el oficialismo hizo del consejo.

El segundo grupo (las restantes 14 denuncias) lo integraban presentaciones que fueron abiertas y reunieron distintos elementos probatorios. Se desestimaron 13 de ellas. Una sola -nada casual- fue postergada para debatir su resolución.

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Una de las acusaciones que el plenario rechazó fue la que realizó el abogado Alejandro Fargosi contra Slokar y el colectivo Justicia Legítima, que se basó en una operación mediática del diario La Nación que fue desarmada cuando el consejero y senador peronista Mario Pais instruyó el caso en la comisión de Disciplina y Acusación, tal como publicó El Destape. El jueves fue desestimada por unanimidad -el único que no votó a favor fue el consejero Rodolfo Tailhade, diputado por el FPV, quien se abstuvo en todas las votaciones por una decisión política.

Otra denuncia desechada fue la que impulsó la abogada de un condenado por crímenes de lesa humanidad contra el juez federal Daniel Rafecas. La letrada María Marta Cunha Ferré, defensora del represor Manuel Cunha Ferré, había acusado al magistrado de parcialidad y mal desempeño. Es una metodología habitual de los abogados de genocidas cuestionar en el Consejo a los jueces que investigan y avanzan en las causas de lesa. Y el oficialismo con su hegemonía en dicho órgano a veces decide dejar correr esas presentaciones para presionar al juez denunciado si es que tiene alguna causa sensible que incomoda al gobierno.

Obligado, la única excepción

Precisamente, el juez Daniel Obligado no tuvo la misma suerte que Rafecas. Su caso fue el único de los 31 que no se desestimó. Él también está denunciado por dos abogados de represores.

Integrante del TOF 5 que lleva adelante el juicio ESMA, su caso tenía dictamen de mayoría para ser desestimado pero Juan Bautista Mahiques, el consejero que representa al Poder Ejecutivo, solicitó –y logró- que se postergue su tratamiento.

Obligado preside el tribunal que debía hacer el demorado juicio por el espionaje ilegal que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. El ahora primer mandatario estuvo procesado en el caso hasta pocos días después de asumir la presidencia de la Nación. El 4 de octubre pasado, una semana antes de la votación del caso Obligado en la comisión de Disciplina y Acusación, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la causa del espionaje y el debate oral y público que iba a realizarse en febrero -salvo que haya una rectificación de la Corte- se cayó.

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Hay dos razones centrales que provocaron esta ola de desestimaciones, que continuará el 1º de noviembre: por un lado, los consejeros culminan sus mandatos el 18 de noviembre y quieren dejar medianamente ordenada la institución; por el otro, el 23 de noviembre hay elección de autoridades en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –una especie de gran gremial judicial-y los consejeros jueces no quieren tener problemas entre pares. Así que decidieron presionar para ordenar sus internas.

Nombramiento en Casación

El presidente Mauricio Macri está a un paso de nombrar a un nuevo juez en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal. Se trata del actual secretario del tribunal, Carlos Javier Carbajo.

Su nombre fue seleccionado por Macri de la terna que le elevó el Consejo de la Magistratura.

El 31 de octubre, Carbajo se presentará en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. La Cámara Alta luego deberá aprobar su pliego como paso previo a su designación oficial, tal como establece la Constitución Nacional.

Con la venia de los senadores, el oficialismo habrá nombrado a un nuevo camarista en el máximo tribunal penal del país. Ya había hecho lo propio en la misma instancia judicial con Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques.