La Cámara Federal de Casación determinó la prisión domiciliaria a cuatro genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, ya que consideran que pueden estar en sus casas por ser mayores de 70 años, padecer problemas de salud o porque ya pasaron demasiados años detenidos.

Quienes obtuvieron la prisión domiciliaria son el ex juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, condenado a 21 años de prisión; Eduardo Ángel Cruz, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Club Atlético, Banco y Olimpo -ABO-; Mario Rubén Domínguez, con sentencia no firme a perpetua por los secuestros y homicidios del adolescente Floreal Avellaneda y el ex diputado Diego Muñiz Barreto; y Martín Rodríguez, condenado a perpetua también por Muñiz Barreto en el mismo juicio que el ex comisario Luis Patti, según detalló Tiempo Argentino.

Quienes dieron visto bueno a las prisiones domiciliarias fueron los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, mientras que Alejandro Slokar, tercer integrante de la Sala, votó en disidencia.

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El Tribunal Oral Federal de Santa Fe había rechazado que Brusa salga de la cárcel pero la defensa alegó que tenía una enfermedad psiquiátrica que se profundizó con su prisión. Además, la Sala alegó que el ex juez está detenido desde febrero de 2005 "por lo que la expresión de impunidad, que podría significar la obtención de la morigeración penitenciaria, se encuentra neutralizada en razón del tiempo de detención transitado por el incusado hasta la fecha, próximo a los 13 años y 9 meses".

En tanto, a Cruz el Tribunal le señaló patologías que no pueden tratarse en una "unidad carcelaria sin incrementar su vulnerabilidad" y además "se indicó el riesgo de Óbito, asociado a la falta de control de las patologías, a la falta de servicios adecuados para llevar un seguimiento constante, y por su infarto previo, a la mayor incidencia de sufrir un nuevo evento isquémico".

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