La evolución de la actividad económica muestra los límites del crecimiento en un contexto de ajuste fiscal, deterioro del ingreso disponible de los asalariados (en especial en los últimos meses del año) y generación de un fuerte déficit de las cuentas externas.

Los últimos datos confirman que la actividad ha experimentado una ralentización en los meses recientes. De acuerdo al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la serie sin estacionalidad señala que el estímulo parece haber menguado: desde julio a noviembre el incremento de la actividad fue de apenas el 0,3%. Ninguna sorpresa cabe aquí: gran parte de la reanimación previa estaba sostenida con recursos fiscales (obra pública y otras acciones) para maximizar su efecto en el lapso previo a las elecciones legislativas. La proyección de crecimiento para todo el año es del 2,8%, ubicando a la economía, luego de dos años, en los niveles alcanzados en 2015.

El 2017 estaría cerrando con un “arrastre” del 1,4%. Este dato es muy interesante, pues significa que si la economía no creciera nada en 2018 (es decir, si permaneciera en los niveles de producción de diciembre de 2017) el acumulado de 2018, comparado con el acumulado de 2017, crecería un 1,4%. Para el 2018 se espera un crecimiento rondando el 2,5%, y de esa forma, descontando el arrastre, quedaría muy poco por crecer este año, lo que indica que persistirán las penurias de los consumidores y de los productores, en especial las pymes.

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La Industria Manufacturera tampoco tuvo un buen desempeño en diciembre, que creció sólo el 0,3% respecto a igual mes del año anterior, según el Estimador Mensual Industrial (EMI) del Indec. Para el total del 2017 la industria creció un 1,8% (variación obtenida con gran disparidad entre sectores), muy poco para compensar la caída del 4,6% del año anterior.

La vedette del impulso a la actividad económica, la construcción, aumentó un 12,7% en el año, principalmente debido a la obra pública (el asfalto subió un 75%). No obstante, apenas compensa la caída del año anterior, llamativamente en el mismo porcentaje (-12,7%).

En resumen, el incremento de la actividad productiva en 2017 podría considerarse más un rebote que un verdadero crecimiento.

Más allá de la actividad económica, la preocupación se acrecentó al conocerse el déficit comercial de 2017 por U$S 8.472 millones, explicado por un fuerte incremento de las importaciones (+20%) y un pobre desempeño de las exportaciones (+0,9%). En dólares constantes (es decir, eliminando la inflación de EE.UU.), es el rojo más alto desde 1994. Las previsiones de los analistas indican que este año superaría los U$S 10.000 millones.

Este déficit comercial tiene que ser financiado necesariamente en divisas, lo que incrementa el endeudamiento externo del país. Si a esta situación le sumamos el endeudamiento externo del gobierno, se genera una situación compleja, especialmente si continúa en el largo plazo.

Las complicaciones en los mercados externos, y las ya casi seguras subas de tasas de referencia en Estados Unidos, indican en el futuro cercano un contexto más difícil para financiarse y conseguir la reducción de las aún altas tasas de interés que debe pagar el gobierno argentino.

Es poco lo que se puede hacer sin abandonar la ortodoxia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, exigida además por los inversores externos, que abogan por un mayor ajuste.

Esta situación lleva a que cada vez sea más urgente la necesidad de un cambio de políticas, por el cual se prioricen los intereses del país, es decir, de sus habitantes, en especial los de menores ingresos, y de las empresas productivas, principalmente las pymes. Como cuestión más que urgente, deberían colocarse barreras físicas y fiscales al ingreso de mercancías que compiten con la producción nacional: una medida que difícilmente sea una iniciativa de la gestión de Cambiemos.

* El autor es ex diputado nacional, Presidente del Partido Solidario y Presidente del Banco Credicoop.