La Justicia volvió a ganar el centro de la escena política en los últimos días con el abordaje de impactantes casos de corrupción y se posiciona como un actor clave de cara a la disputa presidencial de 2019. Su protagonismo en la actualidad es directamente proporcional a su desprestigio, lo que evidencia el complejo laberinto que se está dibujando en el horizonte.

La causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que hegemonizó la agenda mediática y que, de ser cierto su contenido, debiera convertirse junto al escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en un expediente que sirva para poner en caja a la corrupción, a la luz de sus primeros pasos -y sobre todo por sus protagonistas- pareciera tender hacia otros fines. Así, de pretender ser una especie de Mani Pulite (el caso “Manos Limpias” que sacudió a Italia en la década del ’90) o Lava Jatocriollo pareciera perfilarse hacia una nueva aventura judicial de Bonadio, un magistrado altamente cuestionado en Tribunales.

Por caso, llama la atención que la inmensa mayoría de los empresarios involucrados en el caso se hayan transformado en imputados colaboradores y hayan quedado en libertad. Se trata de arrepentidos, por lo que no están obligados a decir la verdad. Los ampara el artículo 18 de la Constitución Nacional según el cual nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Si bien en la ley del arrepentido -que se incorporó a casos de corrupción en noviembre de 2016-aquel que “acogiéndose al beneficio proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos será reprimido con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio” lo cierto es que el declarante puede articular mentiras con datos valiosos a los ojos del juez.

Al menos tres testimonios de ejecutivos arrepentidos a los que tuvo acceso El Destape confirman a grandes rasgos algunas de las acusaciones que se mencionan en las fotocopias de los cuadernos pero aseguran no haber pagado coimas sino aportes de campaña del kirchnerismo, supuestamente extorsionados por el Gobierno anterior. En el relato -bastante pobre, por cierto- se presentan como víctimas y apenas señalan a algún superior suyo para poder acogerse a la figura que les garantiza la libertad. Todo aquel empresario que apeló a esta estrategia fue eximido de prisión por lo que ya no son pocos los que creen que Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli están utilizando el instrumento penal para extorsionar a los imputados y sus declaraciones, entre los que se cuentan desde Gerardo Ferreyra de Electroingeniería a Javier Sánchez Caballero, de IECSA, o Luis Betnaza, director de Techint.

Este viernes se sumó como novedad el testimonio de Carlos Wagner, ex mandamás de la Cámara Argentina de la Construcción y de Esuco, quien también se acogió a la figura del arrepentido. Según trascendió, habría ido un poco más allá que el resto de los ejecutivos: no habló de aportes de campaña en negro sino de sobornos en la obra pública.

Suspicacias

Dos días después de que explotara el cuadernogate, el 3 de agosto, a través de la página oficial fiscales.gob.ar, el procurador general interino, Eduardo Casal, informó que convalidó el acuerdo con el Ministerio Público de Brasil para incorporar a las causas que hay en el país sobre el caso Odebrecht la información que se recabó en el Lava Jato vía la “delación premiada”. Muchos de los empresarios y funcionarios involucrados en la trama de los cuadernos, curiosamente, se repiten en esos expedientes.

Según el fiscal Federico Delgado, que trabaja uno de los expedientes de Odebrecht, "es bastante similar en cuanto a los actores, las fechas, los nombres que dan vuelta por los medios de comunicación con este affaire. Veremos cómo decanta, cómo se organiza el tráfico de información y cómo se implementa el acuerdo".

Y agregó respecto a las descripciones que se hacen en ambos casos: “Hay dos delaciones premiadas que dicen lo mismo, cosas muy similares que en los cuadernos, como el rol de Carlos Wagner y el tráfico del dinero negro. Pero más allá de los delitos, lo importante son los puntos de contacto con el relato, la narración”, sostuvo en diálogo con Radio Cooperativa.

La coincidencia temporal entre la noticia del acuerdo con Brasil y el desfile de ejecutivos por Comodoro Py llama la atención. En el último tiempo, Casal benefició al Gobierno con una serie de decisiones: desplazó a fiscales que molestaban a la Casa Rosada en distintas investigaciones como fue el caso de Juan Pedro Zoni, quien impulsaba la pata penal del Correogate, o el de Gabriel De Vedia, titular de la UFISES, y acompañó con sus dictámenes la voluntad del Ejecutivo en más de una ocasión.

Por tal motivo, ante este escenario un interrogante se hace ineludible: cuando comience a llegar la información de Brasil, ¿Bonadio podrá reclamarla y acapararla a partir de la investigación que está impulsando?Sí, podría”, respondieron seis fuentes distintas que transitan los tribunales de Comodoro Py. Incluso, podrían solicitarlo el fiscal Stornellli y hasta alguno de los imputados que aparezca involucrado en ambos casos como Sánchez Caballero o Carlos Wagner. En ese caso, una vez instalado el pleito, su suerte dependerá de la voluntad de los actores intervinientes. Y de los operadores del Poder Ejecutivo. Difícilmente los magistrados que llevan los distintos expedientes en que se divide el Lava Jato nacional acepten ceder sus investigaciones. Pero ante una disputa de competencia, la palabra final la tendrá la Cámara Federal, que desde que el oficialismo cambió su conformación suele fallar según los intereses del Gobierno.

Esto no es todo. La investigación que lleva Bonadio le permite continuar abriendo nuevas causas por distintos delitos. Por ejemplo, a partir de la declaración del ex juez federal Norberto Oyarbide en este expediente se busca reabrir la acusación por enriquecimiento ilícito contra la familia Kirchner, justo cuando se avecina el año electoral y Cristina Kirchner figura en las encuestas como la dirigente opositora con mejor imagen. Incluso, este viernes Elisa Carrió denunció al juez federal Ariel Lijo, su hermano Alfredo y a De Vido, por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. Pidió, entre otras cosas, que se cite como testigo al chofer Centeno. El caso cayó en manos del juez Sebastián Casanello.