El Gobierno recibirá a representantes de la embotelladora Coca Cola- Femsa y a sindicalistas para discutir el proceso de reestructuración de la compañía. La firma presentó un plan preventivo de crisis, tras arrastrar un 2018 en el cual ya se registraron despidos dentro de la empresa.

Según consignó la agencia de noticias estatal Télam, funcionarios del Ministerio de Producción convocaron a la reunión para “analizar cuáles son las alternativas existentes y el camino a seguir”, luego de la exposición de la situación de la planta ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

¿En qué consiste el plan que presentó Femsa? El empleador tiene la facultad, cuando median razones de fuerza mayor o de falta de trabajo que no le sean imputables, ya sea de suspender a su personal o parte de él, o despedirlo mediante una indemnización reducida (lo que dependerá de la gravedad y magnitud de la contingencia). El deber de la empresa es tratar de superar la crisis sin afectar a su personal primero; si no lo logra puede suspender y solo como última instancia, puede proceder a los despidos. Según marca la ley, debe aplicar de modo restrictivo, con mucha prudencia y sólo cuando la contingencia realmente lo justifica.

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Sin embargo, los gremios sospechan que detrás del preventivo de crisis existe un ajuste en las condiciones laborales. La empresa ya despidió 42 trabajadores en 2018.

Ahora, la firma mexicana le echa la culpa a la economía actual por la baja de las ventas y los supuestos aumentos en los costos de la logística.

A pesar de esto, la misma planta Alcorta sigue produciendo: en 2018 tuvo una compra millonaria en Montevideo Refrescos, con una inversión de U$S 250 millones. Por este motivo, los empleados sostienen que Femsa se aprovecha de la inexistencia de un ministerio de Trabajo para aprovecharse de la situación y ahorrar costos.

El año pasado se duplicaron la cantidad de pedidos de apertura de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) en las empresas. Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, fueron 108 los trámites abiertos para recortar personal y achicar operaciones.