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La Corte Suprema de Justicia dio a conocer la agenda de fallos que prepara para este año y que puede traerle más que un dolor de cabeza al gobierno, especialmente de la mano de los temas previsionales. Pero en la nómina que difundió el máximo tribunal brillaron por su ausencia algunas de las cuestiones que se habían barajado que podrían ser tratadas por los supremos en 2019: las prisiones preventivas, por ejemplo. Y especialmente se omitió incorporar dentro de los pendientes el DNU de Mauricio Macri que habilitó el blanqueo de capitales por parte de los familiares de los funcionarios, cuya inconstitucionalidad planteó el diputado Felipe Solá.

Aunque el tema no figura en la nómina que divulgó esta tarde el Centro de Informaciones Judiciales (CIJ), cerca de los ministros dicen que el tema se tratará porque es “trascendental”. Pero, rápidos de reflejos, los supremos se compraron tiempo y le pasaron la responsabilidad a la Procuración General, diciendo que sólo lo harán cuando envíen el dictamen. Es un gesto político: hay casos en los que los supremos no son tan deferentes y no esperan las opiniones de los procuradores.

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La presión está ahora sobre el procurador interino Eduardo Casal, de buena sintonía con el Gobierno. En una de las vocalías se preguntaban con cuánta premura el Ministerio Público Fiscal enviará su opinión acerca del decreto de 2016 con el que Macri habilitó que familiares blanquearan capitales, como su propio hermano Gianfranco.

En la Procuración contestaron que hace poco les llegó la causa y que aun no tienen fecha para que salga. Todo indica que la encargada de dictaminar será la procuradora fiscal Laura Monti.

Pese a que el acuerdo de los cinco ministros fue abordar la cuestión en cuanto les llegue, Carlos Rosenkrantz – el nuevo presidente de la Corte – decidió que no figure en el temario. Para algunos fue lógico y, para otros, creó suspicacias. En el cuarto piso también lo vieron reacio a incorporar los temas más espinosos para el Gobierno, como el reajuste o el pago de ganancias para jubilados. Rosenkrantz, especialmente desde que reemplazó a Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal, ha emitido fallos en sintonía con los intereses de la Casa Rosada, aunque en algunos casos se ha sumado a la mayoría – como en el de la ley de lemas en Santa Cruz.

La agenda con los fallos que tratará la Corte en los próximos meses es una de las novedades que trajo la presidencia de Rosenkrantz. Pero, remarcan, no es una iniciativa del primus inter pares supremo, sino un logro conseguido a instancias de los otros ministros que tratan de reducir el margen de maniobra del último llegado a la Corte. La mayoría peronista – como la llama el gobierno – o la alianza de Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda también redujo las facultades administrativas del presidente de la Corte en una acordada firmada a fin de año, que no estuvo exenta de controversias, especialmente después de que la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, pidiera retirar su firma.

En el Palacio de Talcahuano cuentan que la agenda no cae simpática, en especial entre los secretarios letrados del tribunal, acostumbrados al hecho de que la Corte no tiene tiempos para expedirse. Las inquietudes tuvieron algún eco en la única integrante femenina del tribunal, que en el último acuerdo cuestionó las bondades de hacerla pública.

A diferencia de la primera agenda que difundió en noviembre la Corte con los fallos que iba a emitir antes de la feria, ésta no pone plazos.

Otros temas

Dentro de los temas en los que trabajan las vocalías están los previsionales – que preocupan al Gobierno, pero también el planteo de la Unión Cívica Radical (UCR) sobre la enmienda constitucional que habilita la reelección en La Rioja. Los supremos también tendrán que resolver sobre el juicio por jurados, uno de los temas que entusiasma a Rosatti y a Highton.

También hay en agenda cuestiones que involucran a las empresas como la Barrick Gold, que planteó la inconstitucionalidad de la ley de glaciares, o la petrolera Esso que cuestiona el pago de una tasa impuesto por la Municipalidad de Quilmes.

Pese a haber dejado fuera del temario otras cuestiones de lesa humanidad, la Corte deberá evaluar si corresponde el pago de una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido en 1977 en su lugar de trabajo. En este caso, el máximo tribunal tiene desde 2017 el dictamen del procurador Víctor Abramovich, que sostiene que las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad no prescriben.