El diputado nacional Rodolfo Tailhade y el concejal de Pinamar Gregorio Estanga denunciaron penalmente hoy al intendente Martín Yeza por el presunto desvío de más de $ 12 millones de pesos destinados a una obra pública en ese municipio bonaerense.

Según narran los legisladores en la denuncia, el Ministerio del Interior adjudicó una intervención urbana en torno a la Avenida Bunge por $ 33.585.683,10 millones a la firma Ashoka Construcciones S.A. en el marco del Plan de Renovación Urbana que desarrolla la cartera nacional. La obra comenzó en septiembre pasado, y a los tres meses la empresa llevaba cobrados más de $ 25 millones, es decir el 75% del total presupuestado, a pesar que la obra no sólo no registraba ese nivel de avance sino que además aún hoy se sigue ejecutando. De los más de $ 25 millones que fueron certificados, los estudios que fueron encargados por los denunciantes a especialistas dan cuenta que lo realmente ejecutado era menos de la mitad de esa suma.

“Los valores reales de ejecución de la obra están por debajo del 50% de los montos con los que se pagaron los certificados de avance de obra. Es decir, lo efectivamente gastado por Ashoka Construcciones S.A. fue la mitad de lo que le pagó el municipio de Pinamar con fondos nacionales”, aseguran Tailhade y Estanga en la presentación judicial.

Por ejemplo, por las tareas de contención de médanos se certificó por $ 1.393.800,54 millones, pero lo realmente ejecutado por la empresa fue $ 444.917; por la compactación de base para solado nuevo se certificó por $ 576.614,42, y en realidad se verificó un gasto de $ 42.726; de las 72 luminarias cuya instalación fue certificada -y cobrada- por $ 444.344, la realidad indica que se se colocaron sólo 14 unidades; el césped "Bermuda" fue presupuestado en $ 1.331,53 el metro cuadrado, para un total de $ 3.346.134, que se certificó y pagó en su totalidad pero se corroboró que el producto colocado es de mucha menor calidad que el presupuestado.

Los denunciantes concurrirán el próximo lunes al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría, para prestar declaración, ratificar la denuncia y aportar la documentación respaldatoria.

“La investigación determinará qué ocurrió con la mitad de los fondos que envió la Nación para la obra, si se destinaron a otra cosa o si fueron sustraídos, pero lo cierto es que en las obras del centro de la ciudad de Pinamar no están”, remarcan los legisladores.

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