Ante la contundencia de los hechos, y sin margen para otra postura, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura propuso por unanimidad desestimar una denuncia del abogado Alejandro Fargosi contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, en particular, y todo magistrado vinculado a Justicia Legítima en general. El letrado se había basado en una nota del diario La Nación sobre el caso de las fotocopias de los cuadernos que contenía información falsa y decía que la asociación civil se había financiado ilegalmente.

El jueves pasado, ocho de los nueve miembros de la comisión -el diputado radical Mario Negri estuvo ausente- apoyaron el contundente dictamen desestimatorio del consejero y senador peronista Mario Pais. El legislador dejó en evidencia las falacias de la acusación y fue lapidario con el denunciante. La conclusión no deja lugar a dudas: el hecho referido en la presentación, sostuvo, es “claramente falso”. “No existe siquiera elíptica o remotamente (dato alguno sobre) que se hubiera financiado a la Asociación Justicia Legítima de forma ilegal”, se destacó.

Votaron en favor de lo propuesta de Pais los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, la abogada Adriana Donato, el académico Jorge Candis, el senador radical Ángel Rozas y hasta el diputado del PRO Pablo Tonelli y el representante del Poder Ejecutivo, el angelicista Juan Bautista Mahiques. No había resquicio para discutir la postura del senador.

Ahora resta que la desestimación se vote en el plenario para que se cierre definitivamente. Deberán manifestarse los ochos consejeros mencionados, el ausente Negri, la jueza Gabriela Vázquez, el diputado del FPV Rodolfo Tailhade y el senador peronista Rodolfo Urtubey.

La falsa denuncia

Fargosi, vinculado al reaccionario Colegio de Abogados de la calle Montevideo, se tomó de una nota de La Nación para apuntar contra Slokar por supuesto mal desempeño en sus funciones y extendió su denuncia a “todos aquellos magistrados del Poder Judicial de la Nación que hayan ejercido cargos directivos en la Asociación Civil Justicia Legítima”.

Slokar es vocal de la institución -no la preside ni presidió- y no fue mencionado en la nota. Por eso, Pais resaltó “la temeridad de la denuncia” y el direccionamiento contra el camarista “a quien Fargosi eligió de entre todos los directivos de la Asociación”. Se cargó contra él porque integra la máxima autoridad penal del país, donde tramitan las causas políticas más sensibles, entre ellas, la de los cuadernos. Y el objetivo final era apartarlo del cargo.

La nota sobre la que se articuló la acusación fue publicada en portada el 25 de agosto pasado bajo el título “López confesó que derivó sobornos a fiscales y jueces del kirchnerismo”. En el artículo se hizo referencia a la declaración del exsecretario de Obras Públicas en la causa de los anotadores del chofer Oscar Centeno. Allí, el matutino porteño afirmó que “López declaró que le dio a Wado De Pedro dinero para Justicia Legítima”.

Pero López no dijo lo que La Nación publicó que declaró. Y eso quedó expuesto cuando el controvertido juez federal Claudio Bonadio, que está a cargo del caso, respondió un requerimiento de la comisión de Disciplina y Acusación sobre el testimonio de López.

Según consta en la respuesta del magistrado, del 2 de octubre pasado, el exsecretario del Ministerio de Planificación Federal declaró que“De Vido [le] dijo que De Pedro tenía más relaciones con la gente de Justicia Legitima. Descono[ce] si De Pedro a su vez financiaba a Justicia Legítima". Así se desprende de la audiencia de homologación por la que López fue aceptado como arrepentido y se realizó un día antes de la publicación del artículo periodístico.

Incluso, aún si López hubiera afirmado lo que no afirmó tampoco aquello hubiera tenido per se “criterio de verdad” como para promover una suspensión en el cargo de los acusados, tal como pretendía Fargosi.

“El denunciante dice que la prensa dijo que López dijo ‘que le entregaba dinero en efectivo al dirigente Eduardo De Pedro… para el financiamiento de la Asociación Civil denominada Justicia Legítima’. Sin considerar la credibilidad de López –que Fargosi le atribuye- lo cierto es que nada de eso dijo López”, indicó Pais en su dictamen que fue respaldado por toda la comisión, en bloque.

En el escrito se resaltó que el consejo investiga “con profundidad las denuncias formuladas contra jueces de la Nación, incluyendo las más absurdas, disparatadas o realizadas con el fin de obtener repercusión pública, independientemente de la persona o segundas intenciones del denunciante”.

El mensaje estaba destinado a Fargosi, quien se presentó como candidato en la elección de consejero por los abogados de la Capital Federal, que se realizó el pasado 9 de octubre. A pesar de su estruendosa denuncia se quedó afuera del órgano que selecciona y sanciona jueces.

Obligados a rechazarla

El mismo jueves, la comisión de Disciplina y Acusación también se expresó sobre la denuncia que abogados de represores realizaron contra el juez federal Daniel Obligado, titular del Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga a genocidas de la ESMA. La presentación fue impulsada en el consejo por Tonelli. Esta votación fue más reñida que la de Justicia Legítima.

Mientras cinco consejeros propusieron desestimarla (Candis, Pais, Moldes, Cabral y Mahiques), otros tres plantearon un apercibimiento (Rozas, Tonelli y Donato).

Los abogados de genocidas Guillermo Fanego y Sebastián Olmedo Barrios habían denunciado a Obligado en el consejo por “haber incurrido en un abandono de sus tareas lo que ocasiona una denegación de justicia”. Le adjudicaron haber viajado a Irak a una Conferencia sobre Genocidio sin tener la autorización de sus superiores. Mientras el magistrado se encontraba en el exterior, la Corte Suprema de Justicia rechazó su solicitud. En medio de aquel proceso debían desarrollarse las audiencias de un nuevo juicio de la megacausa ESMA.

Según se desprendió del caso, la de Obligado fue la única licencia que el Tribunal Superior denegó en 2017 de todas las que se resolvieron con posterioridad al evento –se trata de una práctica irregular pero habitual en tribunales-.

El consejero instructor del caso en la comisión, el académico Candis, atendió los argumentos esgrimidos por Obligado y consideró que había que desestimar la acusación. Fue Tonelli, diputado y alfil judicial PRO, quien preside Disciplina y Acusación, el que no compartió su postura y postula una sanción.

Obligado preside el tribunal que debía hacer el demorado juicio por el espionaje ilegal que se realizó desde la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. El ahora primer mandatario estuvo procesado en el caso hasta pocos días después de asumir la presidencia de la Nación. El 4 de octubre pasado, una semana antes de la votación en comisión, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la causa del espionaje y el debate oral y público que iba a realizarse en febrero -salvo una rectificación de la Corte- se cayó.

Ahora, el plenario deberá definir la suerte de Obligado, quien tendría los votos en el consejo para salir airado de la denuncia en su contra.