El Ministerio de Energía masificó la instalación de generadoras de electricidad y flexibilizó sus controles. Una de las grandes ganadoras se creó exclusivamente para quedarse con cuatro contratos del Estado que consiguió a pesar de sus nulos antecedentes. Esta compañía novata construye una termoeléctrica en medio de una zona residencial de Pilar gracias a la venia de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Poco después de asumir, el titular de la cartera energética, Juan José Aranguren, declaró la emergencia energética. Así, abrió la puerta a actores de dudosa trayectoria, a quienes el Ejecutivo se comprometió a transferirles millones por instalaciones de relativo bajo costo y elevada contaminación ambiental.

En abril de 2016, un mes después del llamado a licitación nacional de una central en Pilar, nació Araucaria Energy SA. Con un capital de sólo $ 100.000, la compañía se presentó a seis convocatorias, de las cuales ganó cuatro, con la promesa de comenzar a operar el 1 de diciembre de 2017.

El proyecto que se emplaza en el distrito bonaerense que administra Nicolás Ducoté resulta el más polémico, al punto que fue suspendido por la Justicia por su extrema peligrosidad para los vecinos. Luego de hacerse con el concurso, Araucaria y la multinacional APR Energy SRL comenzaron la construcción de dos termoeléctricas donde menos inversiones precisaban: al lado de una central distribuidora de Edenor y a 2,5 kilómetros de un gasoducto.

La localización resultó el centro de la ciudad de Villa Rosa, donde está prohibida la instalación de fábricas altamente contaminantes. Fue recién allí cuando el intendente de Cambiemos de Pilar rezonificó el área de “residencial” a “industrial exclusiva”, lo que fue promovido por el Consejo Deliberante. De esta manera intentó convalidar las obras de construcción ya comenzadas por las dos empresas.

Alarmados por el alto riesgo ambiental, los vecinos denunciaron a las energéticas ante el Juzgado Federal de Campana. Representados por el abogado Gustavo Madeira, los autoconvocados consiguieron que el magistrado Adrián González Charvay paralice ambas obras y suspender el cambio de tipificación del suelo.

Quienes viven en casas aledañas explicaron a El Destape que las corporaciones desacataron la orden y continúan la construcción por las noches, al punto en que Araucaria posee casi el 100% de las partes móviles terminadas y APR el 80%.

Más allá de los gases contaminantes que liberarán cuando funcionen, entre las dos plantas proyectan consumir 5 millones de litros de agua diarios, una cantidad exorbitante que competirá con el uso doméstico de este bien escaso.

Un caso similar se dio en Luján, donde el intendente Oscar Luciani paralizó temporalmente la construcción de la central de Araucaria Energy en noviembre por haberse situado en una zona no apta para industrias.

Los beneficios de los gobiernos provincial y nacional

Recién en diciembre de 2017 la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, convalidó la rezonificación de los lotes empleados por las empresas. No obstante, en el decreto 672-E-GDEBA-GPBA, la mandamás provincial refrendó la ordenanza de Pilar con la explícita salvedad de que lo realizó "bajo la exclusiva responsabilidad de los organismos técnicos intervinientes", según consta en el boletín oficial bonaerense.

El ministro de Energía nacional hizo caso omiso a la suspensión que rige en la construcción de la termoeléctrica de Araucaria Energy y decidió beneficiarla en enero de este año. Con la resolución 4E/2018, Aranguren denominó "proyecto crítico" a las usinas de Pilar, Zárate y Luján, como le había requirido la compañía, con lo que las incluyó en el régimen de promoción industrial.

"Sin perjuicio de que la construcción de la Central Térmica Matheu se encuentra alcanzada por la suspensión cautelar en trámite ante el Juzgado Federal de Campana, se consideran cumplidos los requisitos previstos en la normativa para ser declarado como 'proyecto crítico'", calificó el funcionario.

Escalada del conflicto

En el informe de impacto ambiental de parte, al que El Destape tuvo acceso, APR Energy advierte que ambos municipios serán afectados por la normal actividad de las energéticas. En el reporte de 165 carillas, admite que la Central Térmica Matheu II (que operará esta multinacional) “está ubicada en una zona de usos mixtos (del suelo), dentro de los cuales se destaca el uso residencial (…), que es el mayoritario dentro del área de estudio definida”. Más aún, precisa que de las 2.275 parcelas que podrán ser afectadas por la planta, 2.025 tienen uso residencial.

Las plantas de APR y Araucaria están dispuestas dentro de Santa Rosa. A tan sólo una cuadra, la caprichosa frontera bonaerense decide que comienza Escobar, donde la ciudad pasa a llamarse Matheu, por lo que el radio del medioambiente perjudicado es común a ambos partidos. Así, incluso, figura en los análisis de las compañías.

Pese a ello, Ducoté no consultó por la rezonificación al intendente vecino, Ariel Sujarchuk, ni fundamentó el por qué de su negligencia. Al incumplir con la Constitución y las normas del municipio, el mandamás de Escobar promovió una demanda contra Pilar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que se declare la ilegalidad de la instalación de las dos centrales.

“No existían razones para una interconsulta. No había razón de fondo, a priori por los informes de las empresas ni del gobierno provincial”, comentó Juan Pablo Martignone, jefe de Gabinete de Pilar. “No es la única industria que hay en Villa Rosa, por lo que no está afuera de zonificaciones que son comunes y preexistentes. La municipalidad ha hecho todo en el marco de lo que nos exige la ley municipal”, consideró.

Consultado por El Destape, el funcionario de Cambiemos dijo entender que las dos usinas “no deberían tener un impacto en la población; así nos lo plantearon las empresas y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, la autoridad ambiental bonaerense)”.

Sin embargo, Martignone planteó que “muchas de las preocupaciones son genuinas y requieren respuestas de las compañías. Hasta la denuncia de los autoconvocados hubo múltiples reuniones con vecinos para despejar dudas y miedos. Ahora es la Justicia la que tiene que evaluar todos los elementos”.

Proyecto en el Congreso Nacional

Por la tarde del 22 de febrero ingresó por la mesa de entradas del Congreso Nacional el proyecto de un grupo de diputados para declarar el “más enérgico repudio a la puesta en marcha de las dos termoeléctricas instaladas en Pilar, a cargo de Araucaria Energy y APR Energy SRL, por representar un grave riesgo contra el ambiente y la salud de los habitantes y solicita la inmediata relocalización de los mismos”.

Allí, Daniel Filmus, Juan Manuel Huss y un grupo de legisladores nacionales del FPV-PJ cuestionaron que “la ubicación geográfica atenta contra los más elementales principios y objetivos de cualquier ordenamiento territorial y concula derechos constitucionales, poniendo en peligro la salud de los vecinos de la zona, como así también del medio ambiente”.

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