Victor Hugo Morales sufrió un nuevo intento de amedrentamiento de parte del Grupo Clarín, esta vez con complicidad judicial. Su departamento fue allanado en el marco de una vieja causa judicial por la que el periodista fue condenado a indemnizar al holding comandado por Magnetto por mostrar imágenes del partido en el que Boca le ganó al Real Madrid la Copa Intercontinental del 2000. Como ahora, el entonces presidente de Boca Mauricio Macri le había entregado el negocio de la trasmisión a Cablevisión. Victor Hugo, desde su programa en ATC, osó mostrar lo que fue negado a miles de argentinos. El resultado: el lobby de Clarín para que jueces que le responden lo condenaran.

El momento del allanamiento no puede pasar desapercibido. Se produjo a pocos días del retorno de Victor Hugo a la televisión. Más aún, en la pantalla de C5N, cuyos dueños hoy sufren la prisión preventiva que pasó de excepción a norma cuando se trata de empresarios o dirigentes políticos no alineados con el Gobierno. El acta que dispone el allanamiento, a la que accedió El Destape, tiene fecha del 28 de marzo. El allanamiento, sin embargo, se produjo más de un mes más tarde. El timming mediático-judicial al servicio del Gobierno.

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No es la primera vez que Victor Hugo es víctima de un procedimiento como este. Su departamento fue allanado hace casi 3 años, el 16 de julio de 2015, en un procedimiento de embargo preventivo. Fueron a tomar nota de sus bienes para embargarlos en caso de que el periodista no pagara. Ahora decidieron ejecutar ese embargo pese a que, según recalcó Miguel Ángel Pierri, el abogado de Victor Hugo, nunca dejó de pagar.

Consultado por El Destape, Pierri aseguró que Victor Hugo pagó sistemáticamente las cuotas del monto por el que fue condenado, que nunca fue insolvente ni puso en riesgo esos pagos que se le descontaban directamente de su sueldo y que ya desembolsó más de 2 millones de pesos.

En el expediente de esta causa, al que accedió El Destape, figuran varios pedidos de secuestro y posterior subasta de los bienes embargados. Los pide Carlos María del Campillo, uno de los miembros del estudio Sáenz Valiente, históricos abogados del Grupo Clarín. Uno de los socios del estudio es Damian Cassino que, con su cabellera colorada, saltó a la fama tras ser vapuleado jurídicamente ante la Corte Suprema cuando se discutía la constitucionalidad de la Ley Audiovisual hoy derogada de facto por Macri.

Relaciones promiscuas

El derrotero de esta causa es una muestra más de la injerencia desmedida del holding que comanda Magnetto en el Poder Judicial. Todo comenzó el 28 de noviembre del 2000. Ese día se Boca y el Real Madrid se disputaban la Copa Intercontinental. Jugaban en Japón, así que el cambio horario coincidía con el programa Desayuno, emitido por la entonces ATC, con la conducción de Victor Hugo y la producción de Eduardo Metzger.

Macri, por entonces presidente de Boca, acordó con Cablevisión (que aún no era propiedad del Grupo Clarin) la transmisión exclusiva del partido a cambio de 1.068.687 dólares. Un buen negocio para Boca, pero pésimo para los miles de hinchas de Boca (y amantes en general del fútbol) que se quedarían sin la posibilidad de ver el partido. Una lógica privatizadora que Macri, ahora presidente, trasladó a la totalidad del fútbol.

El día antes del partido Victor Hugo anticipó que se podría ver el partido por ATC: “Vamos a poner el partido porque estamos abonados a Cablevisión, la empresa a la cual Macri vendió los derechos dejando a medio país boquense afuera de la posibilidad de ver el partido”. Cablevisión había acordado con ATC la emisión en diferido del partido por 370.000 pesos más IVA, un arreglo que incluía que Cablevisión se reservaba la comercialización de la publicidad por un valor aproximado de 470.000 pesos. Según consta en el expediente, ATC rescindió este acuerdo.

Cuando comenzó la emisión, detrás de Victor Hugo y sus columnistas, los televisores sintonizaron el partido. Así, los televidentes pudieron ver tramos del partido y los goles con los que el xeneize derrotó 2 a 1 a los madrileños.

Para Cablevisión las imagenes eran de su propiedad, y acusó a Victor Hugo, ATC y el productor Metzger de lucro cesante. Lo que siguió en los pasillos judiciales muestra cómo se direccionó la causa hacia la persecución de Victor Hugo, histórico crítico de la privatización del fútbol y, con el tiempo, de la monopolización de los medios de comunicación.

En primera instancia Victor Hugo fue sobreseído, mientras que ATC y el productor Metzger fueron condenados a indemnizar a Cablevisión. El canal público y el productor apelaron. Pero también Cablevisión, ya en manos del Grupo Clarín, que insistió en extenderle la condena a Victor Hugo y obligarlo a pagar la indemnización.

La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por los jueces Pablo Heredia, Juan José Dieuzeide y Gerardo Vassallo. El Grupo Clarin tenía y tiene especial incidencia en el fuero Comercial. Allí se discute dinero.

Los jueces Heredia, Dieuzeide y Vassallo rechazaron las apelaciones de ATC y Metzger pero aceptaron la de Cablevisión, es decir, condenar también a Victor Hugo.

En julio de 2014 condenaron a los tres a indemnizar a Cablevisión en 842.000 pesos más intereses, cifra que, al día de hoy, supera los 3 millones de pesos. A Victor Hugo, en particular, lo pusieron como responsable del pago de esa indemnización, pese a que era un empleado y, en todo caso, la responsabilidad de la emisión era del canal y la productora. Pero a esa altura ya no se trataba de dinero. La disputa en torno a la ley de medios estaba al rojo vivo, y Magnetto quería una resolución disciplinadora.

El 15 de octubre de 2015, pocos días antes del balllotage entre Macri y Daniel Scioli, la Corte Suprema ratificó el fallo que condenó a Victor Hugo. Firmaron Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.

No fue la primera vez que los jueces Heredia, Dieuzeide y Vasallo fueron funcionales a los intereses del Grupo Clarín. Son los firmantes de uno de los fallos judiciales más beneficiosos para el multimedios, que convalidó un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) irregular vinculado a la reestructuración de las deudas en dólares de Cablevisión y a la fusión de Multicanal y Cablevisión. Una reestructuración que fue definida como fraudulenta por la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó.

Hoy, para Magnetto, la inquina con Victor Hugo tampoco se trata de dinero. Los números de Cablevisión Holding y el Grupo Clarin, los portaaviones de Magnetto que operan tras la reorganización empresarial del grupo a mediados de 2016, muestran que en 2017 facturaron más de 150 millones de pesos por día y tuvieron ganancias por más de 8.000 millones de pesos. La persecución a Victor Hugo no va sólo por el vaciamiento de la billetera sino por el silencio de las ideas.

Al conocerse esta semana el allanamiento, desde el CELS recordaron: “Por esta condena, se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación, entre otros, del art. 13 de la Convención Americana sobre libertad de expresión”. Y adelantaron que la institución que preside Horacio Verbitsky se presentará en esa denuncia en los próximos días.

La reestructuración fraudulenta

Los jueces Heredia, Dieuzeide y Vasallo, que condenaron a Victor Hugo, beneficiaron al Grupo Clarin en la reestructuración fraudulenta de su deuda. Fue en caso conocido como el “APE de Cablevisión”. El APE son las siglas de Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Al igual que el país, en 2001 la empresa contaba con pesos pero estaba endeudada en dólares y tenía que reestructurar su deuda.

Tras negociar con sus acreedores, el 3 de marzo de 2004 informó a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que habían llegado a un APE. Pero lo que quedó demostrado luego fue que omitió información –luego reclamada por esas entidades– mientras, a su vez, desplegó una campaña de prensa que daba por hecho y exitoso el acuerdo. El título en Clarín fue "Cablevisión acordó cómo sale de su default". El de La Nación, "CableVisión logró renegociar su deuda".

En octubre de 2005 Cablevisión anunció la reestructuración del 98,8% de su deuda, canjeando un monto de 754.618.951 dólares. Pero la misma empresa reconoció años más tarde en un prospecto de emisión de acciones que el canje de su deuda estaba acordado antes de su aprobación judicial, sin importar su aprobación o no.

En el medio apareció el Grupo Clarin. Antes de que finalizara la reestructuración adquirió una parte de Cablevisión y, el septiembre de 2006, ya tenía el 60% de la empresa.

Con lo que no contaba Clarin era con la aparición de otro personaje al cuál se dedicó luego a defenestrar mediáticamente: la entonces fiscal de la Cámara Comercial Alejandra Gils Cabó. El 27 de abril de 2007, Gils Carbó firmó un dictamen de 79 páginas donde pedía que se rechace la homologación del APE y solicitando a la Cámara que lo declarara inválido. Gils Carbó mostró como se violaron tanto la Ley de Concursos y Quiebras como la entonces vigente Ley de Radiodifusión de la dictadura y la de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, conocida como Ley Clarin, que había funcionado para otro salvataje de sus deudas. Gils Carbó también detalló como Cablevisión le mintió a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores y concluía: "lo cierto es que el acuerdo fue celebrado con abuso y fraude. Opino que los jueces no deben homologarlo”.

Apenas lo presentó, Gils Carbó recibió siete pedidos de enjuiciamiento y una denuncia penal de parte del Grupo Clarin. Y los jueces, los mismos que condenaron a Victor Hugo, resolvieron convalidar la reestructuración fraudulenta de la deuda el 31 de marzo de 2008. El considerando 39 de su fallo lo dedicaron a denostar a Gils Carbó en términos similares a la denuncia penal en su contra iniciada por Clarín. En 2009, la Corte Suprema en pleno convalidó la maniobra.