La trama se espesa: luego de que el juez Alejo Ramos Padilla expusiera ante el Congreso una parte de las pruebas que maneja en la investigación de un novelesco entramado judicial, político y mediático de alcance internacional, el presidente Mauricio Macri decidió promover su juicio político, en una jugada de resultado incierto pero que echa luz sobre la profundidad que puede alcanzar esa pesquisa.

La “red de espionaje ilegal de enorme magnitud” que se reveló ante el magistrado luego de los allanamientos al domicilio del falso abogado y verdadero espía Marcelo D’Alessio no solamente pone en jaque la causa de las fotocopias de los cuadernos que fungía como principal espada judicial contra la ex presidenta Cristina Kirchner de cara a la campaña de este año; también puede salpicar a figuras clave de la coalición oficialista, como la diputada Elisa Carrió, y a funcionarios de primera línea del gobierno de Cambiemos, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero se trata de un proceso que aún está dando sus primeros pasos y futuras revelaciones pueden echar luz sobre nuevas ramificaciones, con consecuencias imprevisibles. La orden de Macri de avanzar contra Ramos Padilla, en todo caso, deja en evidencia todo lo que está en juego para el mandatario en esta causa.

La política Comodoro Pig

No es la primera vez que el gobierno busca apartar a un juez o fiscal que indaga en temas sensibles. Es, puede decirse, casi un modus operandi de Cambiemos cuando se encuentra contra las cuerdas.

Vale un repaso de los casos más relevantes: el fiscal Juan Pedro Zoni fue apartado de la causa que investiga la deuda de Correo Argentino, en manos de la familia Macri; en la misma causa, Gabriela Boquin debió recurrir a la Corte Suprema de Justicia para evitar el mismo destino. El ex fiscal del fuero previsional Gabriel de Vedia tuvo que dejar su cargo luego de denunciar negociados con fondos del Anses que involucraban al titular de ese organismo, Emilio Basavilbaso, y al entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. Hace pocos días, el juez federal Claudio Bonadio, en un recreo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, sobreseyó sin más a ambos funcionarios. Al juez Sebastián Casanello, en tanto, le quitaron en febrero la investigación de los aportes truchos de Cambiemos en las campañas de 2015 y 2017. La decisión la tomó el camarista Martín Irurzun, autor de la doctrina que permite la prisión preventiva de opositores, a pedido del fiscal Carlos Stornelli. Todo tiene que ver con todo.

Sin embargo, la avanzada contra Ramos Padilla no resultará tan simple en esta ocasión. Llevar el trámite al Consejo de la Magistratura, órgano famoso por sus empates tácticos, puede parecer, a primera vista, un acto de torpeza: según la totalidad de las fuentes consultadas por El Destape, es sumamente improbable que el gobierno junte los votos necesarios para voltear al juez.

Según las fuentes consultadas, es sumamente improbable que el gobierno junte los votos necesarios en el Consejo para voltear al juez Ramos Padilla

Es difícil creer que una administración como la de Cambiemos que hizo de las internas tribunalicias su columna vertebral ignore ese poroteo. Resulta válido especular que el objetivo final no sea, en este caso, la cabeza de Ramos Padilla, sino echar la investigación que conduce el magistrado al fondo de la grieta. El Consejo es, ante todo, un órgano político cuyos miembros suelen tener posiciones partidarias bien definidas. Es una trampa en la que debe evitar caer la oposición, si quiere preservar el avance de la causa. En ese sentido, la marcha que se intenta convocar desde algunos sectores del kirchnerismo para el día que Ramos Padilla vuelva al Congreso se parece mucho a un error forzado. No será en este caso la calle la que garantice la administración de justicia.

Espionaje ilegal, poroteo y la carrera electoral

En pleno año electoral, esta causa puede ser un parteaguas. En una primera instancia, sólo el kirchnerismo acompañó al juez de Dolores, mientras que el oficialismo quiso silenciar la denuncia. En ese intríngulis, el peronismo amistoso junto a sus socios progresistas siguieron el juego de Cambiemos, vaciando la audiencia del magistrado ante la comisión de Libertad de Expresión y negándose a citarlo ante la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

La presentación del miércoles pasado cambió el juego: la cantidad y calidad de las pruebas exhibidas obligaron al oficialismo a aceptar recibirlo en esa instancia y sembraron dudas en el resto de los bloques parlamentarios. Una vez más, la realidad angostó la avenida del medio hasta hacerla invisible al ojo avezado.

En estas horas los cabildeos hierven por Telegram y Whatsapp. Los votos del justicialismo que se encolumna con Alternativa Federal serán clave en el futuro inmediato; todavía no hay una posición tomada sobre este tema. Por otro lado, algunos dirigentes radicales ven aquí una oportunidad de desmarcarse de un oficialismo cada vez menos atractivo en términos electorales y, al mismo tiempo, propinarle un castigo a su enemiga íntima, la diputada Carrió. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde hasta ahora ignoraban los pedidos de ayuda que llegaban desde Dolores, tampoco pueden mantenerse indiferentes a una causa que los apela de forma directa.

Ramos Padilla “hizo de su investigación una cuestión política”, aduce el Poder Ejecutivo en el comunicado con el que anunció, a última hora del viernes, que este lunes iniciará ante el Consejo de la Magistratura los trámites para someterlo a un juicio también político. Curiosamente, o no tanto, la investigación en sí misma acaso sea lo único que no es político en todo este entuerto. La asociación ilícita de la que, se presume, formaba parte D’Alessio, tenía, más allá de las distracciones pecuniarias, objetivos políticos, tanto locales como internacionales, según se desprende de las escuchas que dio a conocer el juez.

Está a la luz que las implicancias de esa conspiración calan hondamente en la vida política argentina. Es responsabilidad de los tres poderes del Estado garantizar que la causa llegue a buen puerto. Uno de ellos, por ahora, parece haber renunciado a esa obligación. Está en manos del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia proteger a los funcionarios que están abocados a la investigación y darles los recursos necesarios para que se conozca la verdad y se castigue a los culpables. Si no lo hacen, la República, tan mentada en estos años, habrá abdicado a su potestad, dejando a todo el país y a sus habitantes a la intemperie.