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Organismos de derechos humanos solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que "adopte las medidas que estime pertinentes" frente a "la gravedad del problema de los presos políticos" en Argentina y "la violación de derechos humanos fundamentales" en el país.

También plantearon ante el organismo internacional que existe un retraso en las causas por delitos de lesa humanidad, un agravamiento en la represión a la protesta social y un aumento de casos de violencia institucional.

Los organismos de derechos humanos aprovecharon la presencia de la Corte IDH en el país, que lleva a cabo en Buenos Aires su período de sesiones número 61, para reunirse con el presidente del tribunal internacional, Eduardo Ferrer Mac Gregor y los jueces Eduardo Vio Grossi, Elizabeth Odio Benito y Ricardo Pérez Manrique, así como el argentino Raúl Zaffaroni.

La delegación de los organismos estuvo integrada por la Liga Argentina por los derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e Iniciativa Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio Paz y Justicia e H.I.J.O.S. Capital.

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En el encuentro se denunció "la persecución de dirigentes y militantes opositores al gobierno y también por sus hijos".

"Es una situación que nos parece grave porque implica una violación a garantías constitucionales, al debido proceso, y que refleja la política de este Gobierno de usar causas judiciales para perseguir opositores", dijo la abogada Luz Palmás Zaldua, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que, junto al Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, entregó una carta especial sobre ese tema al secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, según publicó Página 12.

Esas agrupaciones advirtieron al organismo internacional que la situación de decenas de personas encarceladas "sin haberse fundamentado" tal decisión judicial "hace peligrar la vigencia de las garantías fundamentales de las personas consagradas en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos".

Según el análisis de los organismos remitentes del informe destinado a la Corte IDH, esa "virulencia" radica en la utilización por del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial para "perseguir y disciplinar a militantes y dirigentes opositores, para tratar de desactivar organizaciones y proyectos contrapuestos al oficialismo".