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El fondo de los jubilados perdió más de U$S 20.000 millones en un año. La falta de coberturas frente a la devaluación, el uso político del fondo y los malos negocios fueron las razones principales de esta sangría.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad contaba con U$S 42.731 millones ($ 1.580.181 millones) para octubre de 2018, según consta en la planilla confidencial que ANSES envió al Congreso en diciembre y a la que El Destape tuvo acceso. Mientras que en el mismo mes del período previo retenía U$S 62.909 millones ($ 1.129.213 millones).

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Las bajas más que considerables, del 30% de la masa dineraria, le valdrían el cargo a cualquier financista en el ámbito privado, caso que no se da en la ahora tercera caja más grande del país (después del Tesoro Nacional y el Banco Central).

Las corridas cambiarias golpearon de lleno al FGS. En 2018 lo agarraron desprevenido, pero en estas últimas semanas vende divisas casi diariamente por orden de Alejo Maxit, quien oficia de titular hace un año, revelaron fuentes internas a este medio. Esto implica un desarme de posiciones dolarizadas que lo perjudicará en los próximos ejercicios.

El fondo es hoy día una gigantesca fuente de financiamiento del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien lo aprovecha para colocar las letras que no quieren absorber los inversores del mercado. De esta manera sortea el déficit que agrandó con la caída de la recaudación y el mayor pago de intereses de deuda.

Ante el año electoral, el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, aprovechó para hacer campaña con préstamos personales, al igual que realizó en los comicios de 2017. Antes, adelantó los aumentos del año a los beneficiarios de la asignación universal por hijo para que puedan pedir mayores montos y así recuperar el poder adquisitivo que le hizo perder Cambiemos. En menor medida, los jubilados aprovechan los créditos para refinanciar las ya abultadas deudas que habían sacado para compensar la pérdida de sus haberes, que los había dejado en un nivel de vulnerabilidad aún mayor.

La recesión también impactó en la caída del 30% del FGS. Dejó de actuar como un resguardo anticíclico cuando no invirtió más en emprendimientos productivos de relevancia, por lo que no moviliza la economía en el momento de recesión más importante desde la crisis de 2002.

En el medio, los malos negocios y las operaciones que benefician a funcionarios empeoran el cuadro. Tras beneficiar a Luis Caputo con compras de Lebac vía su empresa, el fondo de los jubilados mantiene dinero en el fondo común de inversión que fundó el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, SBS Fondos, pese a que esto había sido denunciado por El Destape el año pasado.

También vendió acciones a precio vil y a amigos, como las de Petrobras a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, o las cuotapartes de Solvay Indupa. Esta semana vendió a la brasileña Marfrig la participación que tenía en Quickfood, la dueña de la marca Paty, a $ 4,70 cada acción, mientras que en 2018 habían llegado a cotizar a $ 15, como recordó el diario BAE Negocios. Desde ANSES respondieron a este medio que “el dinero percibido por esa venta se destinará a comprar acciones con mejores perspectivas” y aclararon que se enfocan en explorar principalmente a las energéticas.

El FGS oficia de seguro para garantizar la estabilidad del sistema previsional. Sin mostrar datos, Cambiemos alega que el régimen de reparto es insustentable, un relato que pronto convertirán en realidad si termina de perder sus activos. Esto le daría el pie que tan desesperadamente busca para aplicar la reforma definitiva en el sistema de seguridad social.

La “reparación histórica” (que eliminó las moratorias) y el recorte jubilatorio fueron pasos para alcanzar un sistema mixto, de capitalización individual y reparto, que El Destape había revelado planea imponer el Gobierno. Para proponer un camino tan duro como única alternativa, el FGS debe perder su solidez, tal como hasta ahora.

ANSES demora en la publicación de los datos del FGS, lo que dificulta el seguimiento. No obstante, este medio pudo conseguir el último documento confidencial que le giró el organismo previsional al Poder Legislativo, fechado en diciembre. En el correr de la semana es de esperar que la entidad estatal publique estos datos atrasados.