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Los problemas del proyecto de ley de protección de datos personales de Cambiemos

24 de febrero, 2019 | 15.41

En medio de la crisis económica y el socavamiento de derechos sociales, Cambiemos también pone en riesgo regulaciones que protegen democracia. En este caso, hablamos de un derecho fundamental, el de la protección del uso de datos personales. Ya sabemos los detalles de la causa de “aportantes truchos”, pero ¿qué pasaría si el Gobierno arma una ley para flexibilizar o facilitar este tipo de actuaciones?

En septiembre del año pasado, el Poder Ejecutivo nacional envió un proyecto de ley de protección de datos personales, para reemplazar a la que está en vigencia, sancionada en el 2000. El proyecto fundamenta la necesidad de una nueva ley dado los cambios ocurridos en los últimos años tanto en las tecnologías como en las legislaciones de otros países. Estos fundamentos pueden ser razonables, pero el proyecto presentado deja varios problemas sin resolver y no está teniendo el debate público que requiere.

En la sociedad del conocimiento, los datos son el “oro negro” de Internet. Empresas y gobiernos dedican millones de dólares a desarrollar y adquirir tecnologías para recolectarlos, analizarlos, “minarlos” y convertirlos en insumos económicos y políticos. Los datos hablan --y dicen mucho- sobre las personas que los producen. Observar las actividades de una persona en Internet permite conocer sus intereses, preferencias, comportamientos, actitudes y mucho más (muchas veces con mayor precisión que sus amistades, incluso que sus familiares). Tenemos el derecho de que nuestros datos se utilicen sólo con el fin para el que los proporcionamos, respetando nuestra privacidad. El Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de ese derecho, y para lograrlo debe adecuar y actualizar las herramientas legales y tecnológicas de las que dispone. Pero, tal y como adelantamos, el proyecto falla en este objetivo. Esto no sorprende, si tenemos en cuenta que este Gobierno ha utilizado los datos personales --obtenidos a partir de bases oficiales y privadas- para realizar campañas de marketing político.

En primer lugar, el proyecto de ley incluye la peligrosa figura del “consentimiento tácito”, que se convierte en una rendija legal por la que se podría eludir el requisito de obtener el consentimiento del o la titular de los datos (un aspecto central en cualquier ley de este tipo). En segundo lugar, se excluye a los datos biométricos y genéticos de la definición de “datos sensibles”, algo muy peligroso dado el avance de tecnologías como el reconocimiento facial y otras técnicas de tratamiento y análisis. En tercer lugar, en lo que constituye una nueva renuncia a la soberanía, se facilita el tratamiento de los datos de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país fuera del territorio nacional. Además, se abre otro resquicio en lo que hace al principio de finalidad. Si bien la ley indica que los datos personales sólo pueden utilizarse para el fin con el que fueron obtenidos en primer lugar, se permite desviarlos a otros fines si estos pueden ser “razonablemente presumidos” por la persona titular de estos datos. ¿Quién decide si la presunción es razonable?

La pregunta que surge es si estas deficiencias son el fruto de una mala técnica legislativa, o si son el resultado de una agenda oculta. ¿Quién puede beneficiarse de estos resquicios legales? Es de público conocimiento que la minería de datos, el big data y otras tecnologías son utilizadas como insumo no sólo para el marketing sino también para planificar la difusión de fake news y otras técnicas de manipulación en las que se apoya el Gobierno. Las bases de datos masivas son un insumo necesario para estas actividades, y una legislación laxa puede abrir la puerta a grandes abusos. Nos preguntamos entonces si los problemas del proyecto no son intencionales, como una forma en la que el oficialismo busca garantizarse impunidad en el manejo de los datos.

Uno de los antecedentes más graves en cuanto a abuso sobre los datos personales de la ciudadanía fue la transferencia de la base de datos de ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, bajo la órbita del jefe de gabinete Marcos Peña. Es sabido que hace años existe un troll center que responde a Peña, un “ejército digital” ocupado de manipular las redes sociales, atacar opositores e instalar fake news. A esto se suma la creación, hace poco menos de un año, de la Unidad de Opinión Pública, una “unidad de ejecución temporaria”, cuya disolución está prevista el 31 de diciembre de 2019 --justo después de las elecciones. Esta unidad no es más que una agencia de sondeos y focus groups para la Alianza Cambiemos, solventada con fondos públicos.

Es necesario un nuevo proyecto de ley de protección de datos personales, que garantice los derechos a la intimidad y privacidad de la ciudadanía, y que ponga un límite tanto a las empresas como al Estado en el manejo de la información de las personas. La ley debe estar actualizada y adecuada a los cambios en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y se debe prever un mecanismo que actualización que evite que la legislación quede crónicamente atrasada. No podemos esperar que el actual gobierno, con su prontuario en el área, avance en esta materia. Es por eso que desde la oposición, trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, debemos avanzar hacia ese objetivo, garantizando los derechos digitales de la ciudadanía y fortaleciendo la soberanía tecnológica.

*Nota escrita con la colaboración de Ariel Maidana, politólogo e integrante del espacio político Buenos Aires 3D.

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