En consonancia con el resto de los servicios, la medicina privada no se quedó atrás y hubo aumentos significativos durante todo el año. A través de la Resolución 262/2018 publicada en el Boletín Oficial se conoció que el ahora secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, habilitó una nueva suba de las prepagas de un 8,5%. Se trata del último aumento del año. Los anteriores fueron del 4% en febrero; 7,5% en junio, 7,5% en agosto y 8% en octubre.

Según establece la Ley Nº 26.682 y su Decreto Reglamentario Nº 1993/11, las autorizaciones de aumentos en medicina prepaga deben estar fundadas en las variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgo. Sin embargo, según detalla el informe sobre prepagas de la Fundación Soberanía Sanitaria, de la que el ex viceministro de Salud Nicolás Kreplak forma parte, los aumentos autorizados desde agosto de 2017 a agosto de 2018 superaron la proyección de los costos de los prestadores privados de medicina.

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“Mientras que el aumento total de los costos en el último año fue de un 31%, para ese mismo período las prepagas llevan acumulado un aumento del 34%. En conclusión, como en otros servicios cuyos precios son regulados, tales como energía eléctrica, gas natural, agua y transporte, el Estado pareciera haber cedido su lugar de rectoría para dejar que sea el mercado quien regula”, explicó el informe.

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En este marco, Kreplak señaló que el cambio fundamental que hubo en relación a los gobiernos kirchneristas fue respecto a quién evalúa los aumentos: “Las prepagas tienen por obligación presentarle los números a la Superintendencia de Salud para que junto con el ministro de Salud (hoy secretario) autorice o no, según la escala de costos, el aumento. Acá hubo cambio en quién evalúa".

Por otro lado, el ex funcionario explicó que estos aumentos en la medicina privada repercuten en la medicina pública y viceversa. Lo privado y lo público están entrelazados. Con los aumentos significativos que hubo en los últimos años varias personas se pasaron a las obras sociales o a la salud pública, el problema es que la salud pública está cada vez más desfinanciada. “La salud ya no está vista como un derecho, sino como un beneficio de algunos. La propuesta cool con la que arrancá originalmente Cambiemos, que es una propuesta del Banco Mundial, ahora sería algo positivo respecto a lo que tiene para ofrecer el Gobierno”, sostuvo Kreplak y agregó que en este momento lo que el Ejecutivo tiene para ofrecer es el retiro del Estado.

La relación entre los aumentos de la salud privada y el traspaso a la pública es notoria: en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos, el porcentaje de afiliados por contratación voluntaria cayó en el primer trimestre de 2018, al 6,1 % de las familias porteñas (era un 8,1% en el mismo trimestre de 2015; 8,6%, en 2016 y 10% en 2017) y quienes tienen cobertura privada por derivación de aportes han pasado del 21,6% en 2015 al 17,3% en 2017.

Las empresas de medicina prepaga tienen, actualmente, unos 6.200.000 afiliados, pero solo 1.200.000 son voluntarios (contrataron por su cuenta el servicio). Todo el resto derivan sus aportes de la Seguridad Social a la prepaga a través de las obras sociales pero por la baja del poder adquisitivo cada vez más trabajadores tienen que pagar más diferencial y entonces se pasan a las obras sociales de los sindicatos.

Como se mencionó anteriormente, el problema es que la inversión en salud es cada vez más baja. En 2018, el presupuesto para el Ministerio de Salud de la Nación representaba el 1,55% del total del presupuesto, mientras que en el presupuesto que está a punto de aprobarse en el Senado, la Secretaría de Gobierno en Salud se lleva el 1,38% del presupuesto total. Esto implica que el Ejecutivo destinará 10.900 millones de pesos menos para el organismo de Salud.

Cabe mencionar que el boom de las prepagas se dió en la década del 90 aunque ya en los 70 comenzaron a desarrollarse. Por otro lado, que las y los trabajadores en relación de dependencia pudieran derivar los aportes a empresas privadas se permitió en el gobierno de Fernando De la Rúa. “Al sistema de seguridad social lo asesina De la Rúa cuando establece `mi aporte es mío` que rompe con la lógica de la seguridad social que es solidaria por definición”, explicó el ex viceministro. Los aumentos significativos de las prepagas, el traspaso de aportes y el desfinanciamiento de la salud pública, son todas decisiones políticas con un objetivo claro: aumentar las diferencias sociales y disminuir la presencia del Estado en la ampliación de derechos.