El Gobierno nacional promulgó la ley que establece una indemnización para las víctimas del atentado a la AMIA y sus familiares, ocurrido el 18 de julio de 1994, con un resultado de 85 muertos y más de 300 heridos.

La ley, que fue aprobada en abril en la Cámara de Diputados, establece "un beneficio extraordinario a través de sus herederos (...) a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas" en el ataque cuya investigación aun está en curso.

Los beneficiarios de la normativa, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, tendrán derecho a cobrar "un monto equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 0, del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100, que según las cifras de la paritaria del sector de 2014, sumaría poco más de 1.620.000 pesos.

Las víctimas que no fallecieron pero sí sufrieron "heridas gravísimas" percibirán el 70 por ciento ($1.134.000) de dicho monto monto, a la vez que los que padecieron "lesiones graves", el 60 por ciento ($972.000).

La normativa establece a su vez que quienes se acojan al beneficio no podrán iniciar o proseguir acciones judiciales contra el Estado nacional por esta causa.

La norma votada por el Congreso nacional establece también que la indemnización estipulada "estará exenta de gravámenes, como así también, estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo". El decreto de promulgación, publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.