Mientras crece cada día el escándalo por el plan sistemático de aportantes truchos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reforzó su presupuesto de blindaje mediático en 100 millones de pesos. El objetivo es claro. Vidal quiere despegarse a toda costa de este caso, revelado por periodista Juan Amorin en El Destape, e intenta deslindar responsabilidades del robo de identidades para ocultar el origen del financiamiento de la campaña de Cambiemos.

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Uno de sus mayores recursos es la pauta oficial y que, a pesar de que Vidal no informa su destino, es por demás evidente: sus beneficiarios son las corporaciones mediáticas y los voceros periodísticos que silenciaron el tema durante semanas y ahora ponen sus recursos para desligarla y cargar culpas sobre sus subalternos. Ahora, mientras se multiplican las denuncias judiciales y el tema saltó el cerca informativo, decidió inyectar 100 millones de pesos en pauta oficial. Casi el mismo monto de toda la campaña electoral que hoy cuestionada.

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Según las planillas del presupuesto bonaerense de 2018, Vidal tiene 417 millones de pesos en pauta oficial para todo el año, aunque es evidente que sus recursos exceden esa partida presupuestaria y se canalizan a través de otros organismos que maneja el Hada Buena de Cambiemos. Más allá de esto, esta modificación del presupuesto significa que aumentará casi un 25% los fondos declarados para su propio blindaje mediático, que pagarán todos los bonaerenses, a quienes Vidal les pide ajuste pero les hace pagar su protección personal.

El Destape accedió a la resolución que firma Hernán Lacunza, ministro de Economía de Vidal. La fecha es de hoy, pero remite a un anexo fechado el 18 de junio. Es decir, el día siguiente que este medio publicó la primera nota sobre esta maniobra sistemática de aportes truchos. Este anexo lo firma Julio Gonzalez, director provincial de presupuesto.

Que es necesario para la Secretaría de Medios, efectuar un refuerzo de créditos en la Partida Principal 3 ‘Servicios No Personales’, con el fin de realizar la contratación de Publicidad Oficial”, dicen los fundamentos de la resolución. No fundamenta la necesidad, pero los 100 millones de pesos hablan por si mismos.

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