Un año y medio después de su renuncia a la Procuración General --fogoneada por el Gobierno--, Alejandra Gils Carbó vuelve a la palestra con el lanzamiento de una asociación de fiscales de corte regional. Aunque se tratará de un foro de capacitación y difusión, sus impulsores participarán de debates públicos y ya manifestaron sus objeciones a la designación de Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva organización se llama Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM). “Se trata centro de debate y reflexión regional para articular políticas propias del contexto social de América Latina ¿Por qué del ministerio público fiscal? Porque es un factor de transformación y está puesto en la mira”, explicó Gils Carbó ante la consulta de El Destape.

"La justicia no se aggiornó"

“Hay una tendencia en los países de América Latina a copiar recetas o modelos legislativos de los países centrales que tienen realidades bien distintas En el mundo en las dos últimas décadas hubo grandes cambios en el escenario mundial. La profundización de la pobreza, la concentración económica que favorece la impunidad y de una economía ilegítima offshore. La justicia no se aggiornó. El MPF, por sus características de dinamismo, es el que está en mejores condiciones de llevar a cabo las transformaciones”, agregó la exprocuradora general.

Aún antes de su llegada al gobierno, Mauricio Macri comenzó a reclamar la renuncia de Gils Carbó a la Procuración General de la Nación, cargo al que había accedido en 2012 con amplio apoyo del Senado. Ante la negativa de la jefa de los fiscales a dar un paso al costado, el gobierno empezó a recortarle poder. En primer lugar, le sacó la oficina de las escuchas que manejaba desde la reforma de la ley de inteligencia de 2015 y la traspasó a la Corte Suprema. Luego, suspendió la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que establecía el sistema acusatorio en el que las investigaciones pasaban a estar en manos de los fiscales.

Al mismo tiempo, empezaron a moverse causas en la justicia. Por un lado, la presentación ante la justicia administrativa del Colegio de Abogados de la Ciudad, una entidad tradicional que nuclea a los estudios jurídicos más importantes de la City, para que se declarara inconstitucional un artículo de la ley orgánica del ministerio público que establecía que Gils Carbó sólo podía ser removida por juicio político, y así habilitar la vía del decreto con la que el gobierno coqueteado desde los primeros días. También, el juez Julián Ercolini la procesó por la compra de un edificio de la Procuración. En febrero de este año, la Cámara Federal le revocó el sobreseimiento por la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y el nombramiento de Carlos Gonella como su titular.

El gobierno veía en Gils Carbó la mano detrás de sus problemas judiciales, especialmente del caso de la deuda del Correo Argentino que involucra a Mauricio Macri, su familia y funcionarios de su administración.

Los otros referentes de FISLEM

El jurista argentino Alberto Binder, experto en Derecho Procesal y fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), es uno de los armadores del FISLEM.

“Somos un grupo de personas que tenemos una mirada del ministerio público homogénea sobre las peleas que se vienen en el futuro”, dice Binder ante la consulta de El Destape. “O tenemos a los fiscales haciéndose los tontos con los poderosos y usando la flagrancia contra los pobres, o vamos a aprovechar todas esas facultades que tenemos para enfrentar los fenómenos criminales estructurales”, agrega.

Para Binder, con la implementación de sistemas acusatorios en distintos países de la región se pone al ministerio público como un terreno en disputa para ver quién está al mando de esta organización. Por eso, ellos buscan aportar una mirada progresista en distintas áreas que van desde la corrupción, a la violencia institucional, el acceso a la justicia y la diversidad sexual, entre otros temas.

“Es un foro en el que se pretende agrupar personas e ideas pero no desde el punto gremial”, explica y lo diferencia así de organizaciones como Justicia Legítima e incluso de la Asociación de Fiscales -- liderada por el fiscal Carlos Rívolo, que acompaña a Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos.

En Argentina, los otros referentes de FISLEM son Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte Suprema y exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el exinspector general de justicia Ricardo Nissen.

Por Uruguay integra la asociación la exjueza Mariana Motta, impulsora de causas por delitos de lesa humanidad en la república oriental. También son parte Ramiro Ávila (Ecuador), Reynaldo Imaña Arteaga (Bolivia), Geraldo Prado (Brasil) y Luis Rodolfo Ramírez García (Guatemala).

Críticas al candidato para la Ciudad

Días atrás, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e INECIP impugnaron a Mahiques como candidato a fiscal general, cargo que está vacante desde la renuncia de Martín Ocampo tras los incidentes por la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Las organizaciones sostuvieron en su presentación que no satisface los requisitos de idoneidad e independencia para hacerse cargo del ministerio público de la Ciudad.

Mahiques es actualmente subsecretario en el Ministerio de Justicia, que comanda Germán Garavano, y representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve jueces. Como tal, impulsó un pedido de juicio político contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa de espionaje que tiene como vértice al falso abogado Marcelo D’Alessio.

“En Ciudad estamos exigiendo que no se haga un nombramiento en las sombras como suele hacerse”, dijo Binder.

Por su parte, Gils Carbó, también protestó contra la designación de Mahiques como fiscal general. “El equilibrio de género no es respetado. Es algo que va en contra de las tendencias (que hay en la sociedad). Con este tipo de designaciones se sigue profundizando la justicia patriarcal”.