Con 33 votos positivos, todos del oficialismo, y 24 negativos, la Legislatura porteña aprobó hoy las modificaciones al Código Procesal Penal de la ciudad de Buenos Aires, con la inclusión de las figuras del "infiltrado", "informante" y la ampliación del tiempo de escuchas telefónicas, entre otros puntos.

En la noche del miércoles, los legisladores recibieron el texto modificado de la reforma del Código Procesal Penal porteño. Ante los rechazos de la oposición y propios, el oficialismo optó por hacer algunos cambios y quitó del proyecto los artículos que habilitaban el espionaje por medios electrónicos.

El legislador por el Frente Para la Victoria, Mariano Recalde, aseguró a El Destape que este proyecto, ahora devenido en ley, "avanza en restringir garantías constitucionales: el derecho de defensa, el principio de inocencia y la libertad ambulatoria".

Actualmente, "según la Defensoría General de la Ciudad, los jueces consideran que el 90% de las detenciones están mal realizadas y este Código propone duplicar el plazo en que las personas pueden estar detenidas". Así, si un vendedor es detenido en la calle, por ejemplo, en vez de estar en la cárcel durante 24 horas por averiguación de antecedentes, estará detenido 48 horas. Federico Efron, Coordinador de Litigio en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que este plazo se extenderá a tres días, porque el Fiscal tiene 24 horas para iniciar el proceso.

Al respecto, Patricio Del Corro, diputado por el PTS-FIT, aseguró a este medio que esta modificación "es una avanzada del Estado para perseguir a sectores populares y organizaciones políticas".

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Recalde explicó que esta modificación, además, "amplía los presupuestos de prisión preventiva, dejando abierta la puerta a una discrecionalidad enorme. Si hoy, con un Código más restrictivo, los jueces están violando la libertad con prisiones preventivas a personas inocentes que no fueron condenadas, ésto pondría más discrecionalidad".

Al respecto, una de las modificaciones clave, destacaron desde el CELS, tiene que ver con la "restricción del derecho a la defensa" de la persona detenida con un cambio en la redacción del artículo 28 del Código. Allí se "establecía el derecho a ser asistido por un defensor desde el primer instante de la detención" pero "ahora se modificó la redacción y quedó formulado como el derecho de “proponer ser asistido” por un defensor".

Otro de los puntos polémicos de este proyecto tiene que ver con las herramientas de investigación que se le otorgan al Poder Judicial ante ciertos delitos. Con la sanción, ingresarán las figuras de "infiltrado" que "permite arbitrariedades, que fabrique pruebas", denunció el legislador del FPV y "nos pone a todos los ciudadanos con menos garantías frente a la arbitrariedad del gobierno de turno".

Además, también se habilitará la figura de "informante" que "habilita que una persona vaya a la Policía y venda información sobre algún hecho delictivo", objetó Del Corro.

Pero, además, el nuevo Código Procesal Penal ampliará el tiempo de escuchas telefónicas. "Este tipo de medidas implican violarte la intimidad, porque se meten en tu vida siendo inocente, pero además en la vida de terceros. Cuando lo investigaron a (Oscar) Parrilli, la escucharon a Cristina (Kirchner), que no era parte de la causa", advirtió Recalde.

Desde el CELS remarcaron que, antes de esta modificación, estaban habilitadas las escuchas telefónicas por 30 días prorrogables únicamente por otros 15. Con el nuevo proyecto, se habilitarán por 45 días prorrogables por otros 45, duplicando el período permitido. Ésto "en un contexto complejo de mucha persecución y con un gobierno que tiene antecedentes complicados como Ciro James, el "Fino" Palacios", aseguró el legislador kirchnerista.

Estas herramientas podrán ser usadas para todos los delitos con penas mayores a tres años, "o sea todo, porque son muy pocos los que tienen penas menores" objetó Recalde. "En la Nación sí están discutiendo el nuevo Código Penal y ahí, por ejemplo, resistencia a la autoridad pasa a tener más de tres años", agregó Del Corro.

Además, explicó el diputado del FPV, las herramientas de investigación serán aplicadas con la sola imputación de la persona. "Si te acusan de homicidio y te encuentran inocente, ya te escucharon" el teléfono, por ejemplo.

Por las objeciones, el oficialismo debió quitar el espionaje mediante teléfonos y dispositivos electrónicos, como el uso de cámaras, grabación de llamados, filmaciones o activación del GPS, entre otras herramientas que quedaron fuera de la modificación aprobada.

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