Este miércoles, San Juanrecibió la noticia de que le practicaron un aborto no punible a una menor de 11 años que fue violada por su padrastro y que la dejó expuesta a una situación de vulnerabilidad absoluta, teniendo en cuenta de que su madre era cómplice.

Mientras tanto, el padrastro de la nena de 11 años está preso acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, su madre también por ser sospechosa de un estado de complicidad (le harán pruebas psiquiátricas para determinar su grado de imputabilidad) y su padre biológico ausente. Como la nena está sola, porque no hay familiares mayores que la contengan, el Estado sanjuanino deberá garantizarle contención y “asilo” en uno de los hogares que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano.

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El caso se conoció la semana pasada cuando la nena tuvo un problema en la escuela donde asiste, en un pueblito a 15 kilómetros de la ciudad sanjuanina. Fue la maestra de la niña la que advirtió que algo estaba mal, porque la nena no quería sacarse la campera, pese a la alta temperatura que registró esa provincia. Entonces, puso en conocimiento a la directora del establecimiento educativo quien decidió llevarla hasta un centro de salud, por las sospechas.

Allí fue que descubrieron que la nena cursaba un embarazo de 19 semanas de gestación y que, como se notaba que su vientre estaba en plena etapa gestacional, la nena ocultaba el embazado con vergüenza. Esta situación de estrés y angustia terminó con el llanto desconsolado de la menor, quien confesó que su padrastro la sometía cada noche. La Justicia actuó de inmediato y detuvo al sospechoso y a su madre, poniendo a disposición del centro ANIVI, los pasos subsiguientes. En ese lugar, donde contienen a los niños víctimas de violencia y abusos sexuales, se le realizó la Cámara Gesell a la nena. Ella manifestó su voluntad de no continuar con el embarazo.

El primer aborto, un escándalo

El 27 de agosto pasado, San Juan fue noticia a nivel nacional por un aborto no punible ejecutado en medio de un escándalo. Un grupo de médicos intentó impedir que se le realizara la interrupción del embarazado, a una nena de 14 años con retraso madurativo que había sido violada, luego de que su madre solicitara ese legrado.

Sucedió en medio de un revuelo gestado por los grupos Provida que le advirtieron a la prensa de la situación. Las cámaras de seguridad del Hospital Rawson tomaron como prueba la irrupción de tres profesionales: Federico Antequeda (ginecólogo), Federico Bazán (ecógrafo) y Paola Miers (abogada).

En ese momento, la causa se había judicializado (al igual que ahora) bajo un pedido de la familia que se amparó en el artículo 86, incido 2, del Código Penal que justifica la no punibilidad de la interrupción de un embarazo ante determinadas circunstancias.

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