Un profundo debate social transversal a favor y en contra de la despenalización del aborto, dio como resultado que legisladores nacionales de diferente extracción política y referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito oficializaran la presentación de un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la firma de 71 diputados. La expansión de la ola verde así como las militantes feministas, las y los médicos, abogados y personalidades públicas que expusieron sus argumentos en la Cámara de Diputados, lograron conmover estructuras rígidas y convencer a gran parte de la sociedad. El movimiento feminista consiguió disputar el espacio del sentido común establecido por el patriarcado desbordando toda medida y cálculo, poniendo en escena la construcción de una verdad democrática horizontal y conversada. El intercambio social y colectivo reformateó el sentido común machista, inclinando finalmente hacia el voto positivo a varios de los diputados.

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Luego de un debate histórico y tras una sesión de 22 horas seguida en la fría calle otoñal por el calor de la vigilia feminista en compañía de otros sectores sociales, los diputados de la Nación votaron a favor del proyecto. La ley consiguió media sanción, mientras la marea verde celebraba a la intemperie la decisión entre pañuelos, fogatas, lágrimas y cantos.

En contraste con esta vitalidad democrática, se advierten con preocupación ciertos procedimientos de parte de algunos miembros del Gobierno y de grupos violentos que están llevando a cabo prácticas totalitarias opuestas a la democracia. Una de las más evidentes es la decisión de la Vicepresidenta Gabriela Michetti de enviar el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado en Diputados a cuatro comisiones: de Salud, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda - ésta presidida por el ferviente opositor a la legalización del aborto Esteban Bullrich. La decisión de Gabriela Michetti, quien se opone a la sanción de la Ley, obedece a sus ideas religiosas y conforma un evidente intento de dilación del tratamiento del tema y de lo manifestado en las calles por millones de personas. Hay indicios de que la Presidenta del Senado planea una estrategia que consiste en proponer modificaciones al texto aprobado en Diputados, para que la interrupción del embarazo sea un delito excarcelable, pero no un derecho hasta la semana 14 de gestación, tal como lo establece el Proyecto sancionado en la Cámara de Diputados. Por otra parte, algunas organizaciones “Pro Vida” y sus abogados salieron a decir que presentarán ante la Corte Suprema de Justicia miles de planteos de inconstitucionalidad sobre lo debatido y votado democráticamente en el Congreso. Además, grupos violentos agredieron en el Salón Blanco de la Municipalidad de Tandil al Ministro de Salud Adolfo Rubinstein, quien se manifestó a favor de avanzar con la Ley.

Este tipo de manifestaciones expresan un síntoma, algo que no anda en la democracia, la que no implica solo una forma de gobierno o un mecanismo electoral, sino también un modo de vida radicalmente opuesto al de una sociedad totalitaria. Evidentemente, el totalitarismo no es una etapa pasada y definitivamente superada de la historia, sino que funciona como el huevo de la serpiente, un virus que afecta al régimen democrático. Para algunos grupos que pretenden conservar sus creencias e imponérselas al resto, cuando las razones políticas, económicas o sociales sostenidas por la mayoría se contradicen con las suyas, la democracia se les vuelve insoportable. Intentan entonces aplicar a toda la sociedad sus propias certezas como si fueran naturales, convirtiendo sus valores relativos en verdades autoritarias, transformando la política en moral y la democracia en una práctica totalitaria.

En La incertidumbre democrática Claude Le Fort destaca que en la monarquía el poder, el derecho y el saber estaban reunidos en la figura del príncipe. A partir de la democracia, a principios del siglo XIX, ese anudamiento comienza a desarticularse: no habrá certezas establecidas, pues la indeterminación será la regla. El poder, un lugar simbólicamente vacío, no podrá ser ya ocupado permanentemente por nadie, sea individuo, camarilla o partido. Acorde con el fin de las certezas, el derecho y el saber no se circunscribirán a una conceptualización rígida o estable. La democracia consiste en una indeterminación radical que somete a los individuos al desafío de crear los fundamentos de su propia institución. Plantea, por una parte, una disputa entre la división irreductible del poder, la ley y el saber y, por otra, una tensión permanente entre lo instituido y lo instituyente. Ambos “problemas” conforman parte considerable del conflicto político democrático, necesario y legítimo a la vez.

La democracia deviene en totalitarismo cuando el poder, la ley y el saber vuelven a concentrarse en una figura, funcionando la sociedad como si no existieran las divisiones. En ese caso el poder deja de designar un lugar vacío: representándose a sí mismo pretende detentar el saber y la ley para todos, clausurando el surgimiento instituyente de verdades democráticas producto de la deliberación colectiva.

Lo que subyace a éstas prácticas es una tentativa de apropiación, por parte del poder, de la ley y del saber, de los principios y fines últimos de la vida social. En nombre de un glorioso porvenir, de la vida, del orden o de la moral cristiana, este supuesto conocimiento es capaz de justificar las más grandes atrocidades, como el problema de salud pública que constituye la alta tasa de mortalidad a causa de los abortos clandestinos. Ninguna discusión, ninguna innovación debe alterar el cielo de las eternas creencias establecidas de algunos sectores.

Una de las dificultades de la democracia radica en que las certezas pueden reemplazar a las incertidumbres sobre el origen y el destino de lo social: la voluntad del Uno (sea éste un partido político, el César, la Iglesia o el grupo Clarín) puede erigirse en el pastor de la voluntad de los muchos o de todos y, cuando eso sucede, la democracia se cancela y se transforma en totalitarismo, aunque el gobierno haya sido elegido por el voto.

La democracia como procedimiento de elección de representantes, como estilo de vida y como práctica cotidiana, no está garantizada sino que se encuentra permanentemente amenazada, ya sea por totalitarismos conscientes y planeados o por prácticas inconscientes.

Los derechos humanos, fundamentales en la democracia, no están determinados a priori ni responden a la decisión de un grupo, sino que deben ser el fruto de incesantes e inacabadas luchas. La sociedad democrática tiene como condición la invención constante, lo que implica hacerse cargo de diferentes tareas: el cuerpo político debe encontrar mecanismos de regulación frente a la concentración del poder, los ciudadanos ingresar a la mayoría de edad kantiana - un pensar por sí mismo que no se deje arrastrar como una marioneta -, y el pueblo en la calle, custodiando la voluntad popular y controlando a sus representantes para que no actúen totalitariamente desvirtuando la función que ocupan.