Con la intención de implementar la polémica reforma educativa en la Ciudad, la ministra de Educación, Soledad Acuña, mostró serias contradicciones entre las declaraciones que le dio a la Justicia y los que más tarde expresó en un acto oficial.

Al presentar el Plan de Transformación Educativa el 22 de noviembre, Acuña prometió implementar “nuevas estrategias de evaluación”, referentes a la acumulación de créditos que convivirán con las calificaciones numéricas.

No obstante, la titular de la cartera educativa le había remitido a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña dos semanas antes un documento oficial donde garantizaba que no le realizará modificaciones a la normativa vigente para la evaluación y calificación de los estudiantes secundarios.

Por las pasantías gratuitas, el punto troncal de los cambios que busca que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que se desarrollarán durante el 50% de la cursada de la segunda mitad del último año escolar, en horario de clases y no serán rentadas porque “los chicos irán a aprender”. Explayó que “el colegio las organizará, planificará y de su evaluación y seguimiento se encargará un equipo docente”.

Antes, el 6 de noviembre, la ministra se había limitado a contarles a los jueces de la Sala II que recién se implementarán en 2022. No brindó ningún detalle, a pesar de que le habían requerido copia certificada del proyecto de modificación de la ley porteña, que prohíbe prácticas educativas obligatorias (sólo permite optativas).

Por último, en la presentación en la Usina del Arte, Acuña concedió que uno de los grandes cambios que ambiciona será el trabajo en tres áreas: ciencias sociales; ciencias naturales y nuevas tecnologías; y comunicación y expresión.

Frente a la Justicia, la funcionaria se había comprometido a que no se modificarían los diseños curriculares.

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Como analizó el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, en un oficio que les remitió el jueves pasado a los jueces “las contradicciones demuestran una vez más la imposibilidad del Ministerio de Educación de brindar información completa, veraz, adecuada y oportuna (respecto a la Secundaria del Futuro), en clara contraposición con la normativa vigente”.

Por esto, los camaristas votaron de forma unánime a favor de Moreno. El martes ordenaron constituir una Mesa de Trabajo para que el Gobierno porteño brinde la información faltante sobre la reforma educativa, para la que aún no fijaron fecha.

La jueza de primera instancia Cecilia Molica Lourido deberá designar un veedor judicial para que corrobore que Acuña satisfaga todas las inquietudes del Ministerio Público Tutelar, los estudiantes, padres y el Ministerio Público de la Defensa.

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