En una movida para intentar contrarrestrar la caja de Pandora que abrió la Corte con su repudiable fallo, la fiscal especializada en delitos de lesa humanidad y apropiación ilegal de niños, Ángeles Ramos, pidió la inconstitucionalidad de la aplicación del 2x1 en los casos de lesa humanidad.

Ramos hizo el pedido en el marco de la causa del apropiador de menores Víctor Gallo, que saliera a reclamar el mismo beneficio que Luis Muiña inmediatamente que el máximo tribunal se lo otorgara el miércoles último.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 6 corrió vista a la defensa para que opine ante el pedido de la fiscalía, y los jueces tienen cinco días para resolver si lo liberan o no.

El pedido de la fiscal fue en el caso concreto, al sostener que hay una afectación al principio de proporcionalidad de las penas sobre Gallo, pero deja sentado la postura del Ministerio Público Fiscal: que insistirá con la no excarcelación de los represores con condenas más allá que éstos se valgan del 2x1 que otorgó la Corte.

LEE MÁS "Organismos de DD.HH. convocan a una marcha contra el fallo de la Corte"

"La conmoción causada en la sociedad, radica en que se trata de un caso más que proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, donde el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática. Y que luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron perpetuar la impunidad por esos crímenes", remarcó la fiscal.

LEE MÁS

Embed

Gallo fue condenado por la apropiación de Francisco Madariaga durante a última dictadura militar y recibió 25 años de prisión(comprensiva de una pena anterior). En tanto, Abuelas de Plaza de Mayo pidió al Tribunal 6 que, en caso que decidan excarcelar a Gallo, lo incluyan al joven Madariaga en el sistema de protección de testigos ante la peligrosidad que implica que aquel esté en libertad. Además, pidió que antes de tomar una decisión, Abuelas de Plaza de Mayo pueda opinar sobre la eventual excarcelación.

Embed

A solo dos días del fallo de Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, las Abuelas denunciaron que los abogados de represores están "inundando" los tribunales con pedidos para que se reduzca la pena o se libere a los ejecutores del plan sistemático que cometió delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983.