Luis Garay fue secuestrado en enero de 1975, en Santiago del Estero. Tenía 20 años. Estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Tucumán, trabajaba como cadete en un comercio y militaba. Lo llevaron a un centro clandestino de detención, donde lo torturaron, y en febrero lo llevaron ante un juez federal para blanquear su situación. El fiscal de ese caso fue Arturo Liendo Roca, quien falleció la semana pasada a poco de comenzar el juicio oral donde estaba acusado junto a otros ex funcionarios judiciales, policías y militares por crímenes de lesa humanidad. Esta mañana, Garay volvió al viejo edificio de la Justicia Federal y reconoció cada una de las oficinas. Fue durante la inspección ocular ordenada por el Tribunal Oral Federal.

"El patio central se mantiene igual. Sólo cambiaron un poco algunas de las oficinas pero se notan las modificaciones. Pude reconocer la oficina del juez. Ahí nos llevaron a una indagatoria después de tenernos un mes en un centro clandestino. El que tomó la declaración fue el juez federal Santiago Grand, que ya falleció, y el fiscal era Liendo Roca, que la semana pasada también falleció", dijo Garay a El Destape. Fue al término de la recorrida que realizó acompañado por sus abogados, uno de los jueces del tribunal oral, José María Pérez Villalobos, y los fiscales Indiana Garzón y Carlos Gonella.

El juicio que se lleva adelante en Santiago del Estero es el primer proceso que pone en cuestión el rol de los jueces y fiscales durante la dictadura en esa provincia. Allí había dos ex funcionarios acusados, el fallecido Liendo Roca y Santiago Olmedo de Azruaga, ambos representantes de la crema social santiagueña. El grupo de los acusados se completa con doce represores, entre ex policías y militares. Liendo Roca y Olmedo están señalados como los responsables de delitos de secuestros y torturas contra 11 de las 34 víctimas que integran el expediente, donde se juzgan crímenes cometidos entre 1975 y 1979.


"Contribuyeron intencionalmente, desde su función como magistrados y funcionarios federales, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores", sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al confirmar su procesamiento, en marzo pasado.

Garay pasó preso toda la última dictadura cívico-militar. Primero estuvo desaparecido en un centro clandestino de detención, luego fue blanqueado vía la Justicia Federal y, posteriormente, recorrió distintas cárceles hasta que fue liberado, a fines de 1982. En ese recorrido estuvo, también, en lo que fue la sede de la Policía Montada de Santiago del Estero, donde actualmente funciona la Escuela de Policía Coronel Lorenzo Lugones. Allí funcionó un centro clandestino de detención y mañana volverá a ese lugar para hacer otra inspección ocular.

Todo esto mientras se intenta avanzar en el juicio que podría frenarse por la aceptación de los camaristas Juan C. Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala 4 de la Cámara, de los planteos de los abogados defensores. Realizaron más de 50 cuestionamientos contra los distintos estamentos del poder judicial para intentar frenar la causa.

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