Esta semana, la sociedad ha asistido a un espectáculo obsceno: diputados y senadores aumentaron sus dietas de una manera escandalosa. Ha generado tanto repudio social que tuvieron que poner en suspenso la medida, sin que que sepa realmente cuánto van a cobrar.

Esto se suma a los que se otorgaron a lo largo del año los funcionarios del Poder Ejecutivo, con Macri a la cabeza, y los del Poder Judicial, constituyendo sumas exponencialmente superiores a las de cualquier trabajador de a pie.

Los números son clarísimos: mientras las paritarias cerraron en promedio en un 31% para los trabajadores; los legisladores se otorgaron un aumento del 47%, que sumado a gastos de representación, desarraigo y viáticos, llegan a redondear los $ 140.000. El mismo constituye alrededor de 20 veces el salario de un trabajador promedio de la Argentina.

Los métodos por los cuales se decide el aumento de la dieta, también son completamente opuestos a los que debe transitar la mayoría trabajadora. Mientras para estos últimos existen las paritarias, mayormente monopolizadas por la burocracia, donde prácticamente no tienen ni voz ni voto, que a su vez debe pasar por las negociaciones con la patronal, la presión del gobierno por ponerles un tope y la homologación del Ministerio de Trabajo, en este caso, con la firma de los Presidentes de ambas Cámaras, Monzó y Michetti, el aumento se considera un hecho.

Se escucharon varios argumentos para justificar esto. La diputada de Cambiemos por Mendoza, Susana Balbo, dice que "Si yo lo comparara con sueldos de personas que están en mi empresa y que tienen menos responsabilidades que las de un legislador de un país, deberíamos estar ganando el doble". Por otro lado, Héctor Recalde, jefe del bloque de Frente para la Victoria, "Yo no quiero que me pague una multinacional, una corporación, que después me fijen políticas porque me financiaron. Quiero que el financiamiento sea público".

Una indignación impresionante se apoderó de la sociedad, y no es para menos. Asiste atónita a un espectáculo vergonzoso, donde se demuestra a las claras lo lejos que están los funcionarios de los intereses y el nivel de vida de los trabajadores. Para esta gente ser "político" es lo opuesto por el vértice a ser trabajador, empleado, ama de casa, estudiante. Constituye una "diferenciación social" que los hace no sólo acreedores de altas dietas, sino de toda una serie de privilegios y prebendas que los aproxima más a la clase dominante que al pueblo trabajador.

Mientras en el Congreso los legisladores se aumentan indiscriminadamente sus dietas, Macri y la CGT clausuraron la posibilidad de reabrir las paritarias, aun cuando es un hecho que se perdieron 10 puntos porcentuales del salario en lo que va del año; y que el bono de fin de año es una estafa que ni siquiera obliga a los empresarios a pagarlo.

Desde el Nuevo MAS rechazamos enérgicamente este "dietazo". Ningún funcionario electo ni ningún juez pueden cobrar por encima del equivalente a cinco salarios mínimos. Al mismo tiempo, planteamos la necesidad de reabrir las paritarias para recuperar el salario que se perdió con la inflación y para que ningún trabajador gane por debajo del costo de la canasta familiar, que está oficialmente en 13.000 pesos. Tenemos que terminar con los privilegios a costa de las y los trabajadores.