El juez federal Daniel Rafecas desestimó la causa por el memorando con Qatar a fines de marzo. Inmediatamente después, la fiscal María Paloma Ochoa apeló para exigir que la Justicia comience la investigación sobre la posible corrupción e incumplimiento de funciones de Mauricio Macri, Susana Malcorra, Emilio Basavilbaso, Gastón Gaudio, Diego Nicolás Rosendi y otros funcionarios. Hoy el denunciante presentó su respaldo al recurso del Ministerio Público Fiscal.

En el polémico acuerdo, investigado por El Destape, la Argentina se comprometía a remitir U$S 300 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a una sociedad offshore, mientras que la Autoridad de Inversión Catarí (QIA, por el inglés) aportaría U$S 1.000 millones. El fondo iba a ser administrado por un tercero, que podría haber sido Rosendi, amigo del ex tenista Gaudio. Esto viola toda la normativa interna del FGS, que maneja U$S 56 millones de los jubilados, además de las propias leyes argentinas.

Por esto fue que Ochoa presentó su apelación, pese a que, como dijo Rafecas, el tratado no llegó a materializarse por la difusión del documento y la participación de la Justicia, que lo suspendió.

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En su recurso de hoy, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático hizo manifiesta su disconformidad con el fallo. En el escrito, al que accedió este medio, apunta que los funcionarios nacionales filtraron información de Estado al tenista Gaudio, quien a su vez lo compartió con Rosendi y “comenzaron a trabajar junto a los cataríes, en especial con el Sheikh Tamin Bin Hamad Al Thani (Emir de Qatar) y el Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani (titular de la QIA)”.

El presidente de la ONG, Fernando Míguez, le enumeró tres aspectos fundamentales a la Cámara Federal de Apelaciones. Por un lado, “resultaron nulas las posibilidades de que el control pueda efectivamente efectuarse dado el carácter confidencial tuvo el MOU (memorando de entendimiento, por el inglés) hasta su revelación”.

Además, criticó que los imputados “conocían con anterioridad a la suscripción del memorando que ese documento contenía normas contrarias a la normativa interna, y pese a eso decidieron continuar con la maniobra”. El Destape publicó el acta del Consejo del FGS, en la que los participantes le mostraron a Luis María Blaquier su preocupación por lo que estaba por firmar. Luego de denunciado penalmente, renunció a su silla como titular del Fondo.

Por último, Míguez cuestiona que Rafecas no haya considerado que el acuerdo constituye “un instrumento eficaz utilizado para cometer la maniobra delictiva”.

Con esta presentación, se le da giro a la Cámara Federal para que estudie si acepta la apelación realizada por Ochoa y habilita a que comience la investigación contra los funcionarios argentinos, cataríes y Gaudio y Rosendi. Todos los denunciados fueron imputados poco después de denunciados.

Además de la vía judicial, los diputados Horacio Alonso y Guillermo Carmona le pidieron al Congreso que inicie su propia investigación por el memorando con Qatar. En concreto, será la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social la que deba hacerse cargo de la pesquisa.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción informó a este medio que inició también un expediente de oficio por la posible violación de la Ley de Ética Pública de parte de Horacio Reyser Travers y Juan Procaccini, los funcionarios que lideraron desde el llano las negociaciones con los árabes.

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