La Justicia le ordenó al Ministerio de Salud repartir las 27.000 cunas y los sacos de dormir del plan Qunitas, que el Gobierno almacena en un depósito hace 18 meses. Ya le habían exigido entregar las otras partes de los kits. Un diputado nacional adelantó que denunciará a Jorge Lemus por abandono de persona e incumplimiento de sus deberes si no acata.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 falló que las Qunitas deben estar en manos de las familias que las necesiten. Coincidió en parte con el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, que había recomendado su distribución, con una previa readecuación, por las opiniones de la cartera de salud en esa línea.

Los camaristas José Michilini, Gabriel Vega y Adrián Grünberg (en disidencia parcial) determinaron que los kits “cumplen con las condiciones propias para las cuales fueron creados y las medidas de seguridad necesarias”, por lo que “ambos elementos podrán ser redistribuidos conjuntamente con los restantes productos que lo integran”, de acuerdo a la orden del Tribunal del 27 de junio.

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Por tanto, los jueces le ordenan a Lemus que si entiende que no podrá realizar la readecuación o distribución, le notifique a la Justicia en 30 días y ponga las cunas y los sacos a disposición de las organizaciones sin fines de lucro que puedan hacerse cargo de los costos.

La decisión judicial surge tras la apelación del diputado Martín Doñate, quien pidió se revoque el fallo que dispuso entregar las Qunitas sin estos dos elementos. Los magistrados recomiendan que sean distribuidos a las partes presentadas por el titular de la Dirección de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO), Julián Axat, o al legislador nacional, que las había solicitado para Río Negro.

Doñate adelantó a El Destape que le presentará un pedido formal al ministro de Salud provincial para que se las requiera al nacional, pero también adelantó que fiscalizará su entrega. “Lemus desobedeció otros fallos que le exigían entregar los equipos, por lo que si no acata lo que indica la Justicia inmediatamente, presentaré una denuncia penal contra él”, explicó.

Las figuras contempladas por el diputado del FPV-PJ para el ministro nacional son las de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona por el aumento de la mortalidad infantil ante la ausencia de programas como el dado de baja.

De acuerdo a las cifras que maneja Doñate, si se extrapolan los datos de la Ciudad de Buenos Aires a todo el país, fallecieron 1.400 niños más que en 2015, cuando existía este programa. Entre 2003 y ese año se redujo 43% la mortalidad infantil.

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