Funcionarios judiciales presentaron hoy un amparo contra el protocolo del Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, para criminalizar la protesta estudiantil. Desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta negaron la existencia del instructivo, pero fue repartido a las autoridades educativas desde la Dirección de Escuela Media. Pese a que viola la Constitución de la Ciudad, ya fue aplicado en cinco ocasiones.

La Asesoría Tutelar 1, a cargo de Mabel López Oliva, requirió una medida cautelar para anular el “Instructivo sobre Forma de Proceder en Casos de Toma de Establecimientos Educativos”, que fue enviado hace dos semanas a los directores de las secundarias, tal como pudo corroborar El Destape. La causa judicial recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3, que subroga Aurelio Ammirato.

Con votaciones en asambleas, los estudiantes tomaron 17 instituciones en reclamo a la precarización laboral que quiere instalar el Ejecutivo porteño desde 2018 con las llamadas “Escuelas del Futuro”, que exigen pasantías gratuitas en los quintos años.

Intimada por Gustavo Moreno, asesor tutelar de Cámara, la ministra de Educación negó la existencia de cualquier tipo de protocolo ante la toma de establecimientos educativos y dijo que ningún responsable denunció penalmente a un alumno en una comisaría.

No obstante, El Destape tomó conocimiento de que en cuatro colegios, los directores denunciaron las tomas. Así sucedió en la escuela Manuel Belgrano, el Mariano Acosta, el Liceo 9 y la secundaria Antonio Devoto. En el Julio Cortázar se labraron actas en las que se individualizaron a los adolescentes.

En todos los casos se apoyaron en el protocolo. Es que dos semanas atrás, llegaron correos oficiales de la Dirección de Escuela Media, que depende de Acuña, a las casillas de los supervisores. Allí repartieron el instructivo y pidieron tenerlo presente “por si llegaran a necesitarlo”, pudo constatar este periodista con docentes que lo recibieron.

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Según informaron fuentes judiciales a este medio, la participación de López Oliva, acompañada por Moreno, se movió por “la obligación del Ministerio Público de proteger a los adolescentes en este caso involucrados ante cualquier posibilidad de injerencia o limitaciones ilegítimas que promuevan un contexto de criminalización”.

“Ante un perjuicio inminente o irreparable, en este caso la posibilidad de los alumnos de ser criminalizados por ejercer su derecho a expresarse libremente a través de una protesta estudiantil, se pueden solicitar medidas urgentes, que según las circunstancias, fueren las más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia”, rezó el fundamento de la acción promovida hoy por los letrados.

Así como le requirieron al juez Ammirato que cese la vigencia del instructivo, le solicitaron que le “ordene al Ministerio de Educación de la Ciudad elaborar un protocolo de actuación especial para las situaciones de protesta estudiantil, que deberá garantizar la participación de la comunidad educativa y de aquellos actores institucionales especializados en la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia”.

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