Diputados y senadores de distintos espacios políticos, referentes sociales, sindicales y trabajadores del Hotel Bauen impulsan un amparo presentaron una acción de amparo “con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del veto de la ley 27.344" que permitía la expropiación del Bauen.

En diciembre pasado, el presidente Mauricio Macri vetó esta norma aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. La situación se agrava más aún luego de que se conoció hace algunos días la resolución de la Justicia que ordenó el desalojo del hotel para el próximo 19 de abril.

"Ante esto, le planteamos a la Justicia de que frene el desalojo porque todavía hay que tratarlo en el Congreso", explicó a El Destape el diputado nacional y jefe del bloque Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso, quien además es uno de los firmantes de la acción de amparo.

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Desde el Movimiento Evita advierten que detrás del veto de Macri a la expropiación hay un interés inmobiliario. "Macri dice que la expropiación solo beneficiaba a un grupo reducido de personas que trabajan en el Bauen hace 14 años, pero de fondo vemos un negocio inmobiliario que quiere hacer el macrismo para dealojar el Bauen y entregárselo a una empresa vinculada a un amigo o familiar directo", afirmó Grosso.

Otros de los firmantes son el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el referente de la CTEP, Esteban Castro. Desde el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC), que asesoran en esta medida judicial, argumentan que "el veto carece de fundamento y al no cumplir requisito constitucional, el mismo resulta arbitrario y por ende inconstitucional".

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En 2001 el Hotel Bauen fue abandonado por sus dueños y, desde 2003, es administrado por 140 trabajadores bajo una cooperativa. El 30 de noviembre de 2015, la cámara alta transformó en ley la expropiación del edificio, ubicado en las avenidas Callao y Corrientes.

Una comunera del PRO detrás del desalojo del BAUEN

La integrante de la Junta Comunal N° 6 de la ciudad de Buenos Aires, Susana Espósito, es a su vez apoderada de Mercoteles, empresa que administraba el hotel y que ahora impulsa el desalojo.

Que Espósito pertenezca al PRO y a su vez asesore a Mercoteles acrecienta la teoría de un interés empresarial detrás del veto de Macri a la ley que, según OPPLeC, "es inconstitucional ya que obtura la efectivización, que a través de la ley 27.344, se hace del derecho constitucional a trabajar".