Las juezas que manejan la causa volvieron a aplazar la audiencia por la deuda que conserva Correo Argentino SA con el Estado. El Gobierno había pedido la cita para el día después de las elecciones, pero ahora se suspendió por al menos 15 días hábiles para poder aplicar uno de los DNU de “transparencia” del Ejecutivo. En el primer acuerdo firmado después de 15 años, el Ejecutivo le condonó $ 70.000 millones a la compañía de Mauricio Macri y su familia.

Fue el Ministerio de Comunicaciones, que comanda Oscar Aguad, el que realizó la solicitud en la fecha que todas las partes habían acordado para el encuentro, el 16 de marzo. Antes de la hora pautada presentó una carta con el pedido de 120 días hábiles de suspensión. De acuerdo a las estimaciones de este medio, el día exacto posterior a las elecciones legislativas generales del 22 de octubre.

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Pero el 28 de marzo la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial le corrió vista del expediente a la Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Balbín. El mandamás de los abogados del Estado cuenta con 15 días hábiles (desde que recibió los documentos) para dar su opinión sobre la causa y el pedido de prórroga.

Esta era una de las estrategias que había advertido El Destape podían aplicar las magistradas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini para dilatar aún más el trámite que ya lleva tres lustros en sus tribunales.

Para tener un mayor respaldo, las juezas se ampararon en los flamantes decretos que emitió el Poder Ejecutivo y que dicen buscar transparencia. El DNU 201/2017 establece que la Procuración deberá representar en los tribunales los intereses estatales cuando los funcionarios toman decisiones que afectan a personas vinculadas a ellos. A pesar de la necesidad del Gobierno por mostrar interés en transparencia, una normativa similar ya había sido redactada por Ricardo Alfonsin hace casi tres décadas (decreto 1105/1989, artículo 54, inciso “C”, división “V”). Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini también citaron la resolución 202/2017, que le asigna un rol de contralor mayor a la Oficina Anticorrupción.

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Hasta el momento, tanto Correo Argentino SA como la sindicatura verificante, la general y la controladora emitieron sus respectivas valoraciones del pedido de aplazo. Luego de Balbín, le tocará dictaminar a la fiscal general Gabriela Boquin, para recién ahí darle el turno al fallo de las juezas.

Una vez decidido si se suspende la audiencia hasta principios de noviembre (o no), se realizará la reunión con la compañía de la familia Macri para que le pague al Estado la deuda que acumula desde 2000, con los intereses que le corresponden.