La policía de Jujuy irrumpió en la Universidad Nacional de esa provincia y detuvo a dos jóvenes. El hecho está fuera de los parámetros del Estado de Derecho. ¿Por qué es ilegal?

La Ley de Educación Superior Nº 24.521 sancionada y promulgada en 1995 establece una serie de derechos y obligaciones sobre los establecimientos educativos universitarios y no universitarios.

Dicha ley en su artículo Nº 31 deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez.

En el Título VI sobre la Educación Superior Universitaria se encuentra el Capítulo 2 "De la autonomía, su alcance y sus garantías". Allí, en el art.31 se expresa: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".

Por lo que queda expuesta la Gobernación de Jujuy, comandada por el radical Gerardo Morales, que fuera de las normas metió a su policía a la universidad nacional para detener a dos jóvenes.

El hecho sucedió este jueves por la noche. Con un violento operativo, la policía ingresó al buffet de la Facultad de Ciencias Agrarias y detuvieron al estudiante Ignacio García y Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de ese establecimiento.

"En un inusitado operativo, que incluyó a 5 móviles y efectivos pertrechados con escudos y otros elementos, irrumpieron en el predio de la Universidad y la emprendieron contra lxs estudiantes. Cuando el Presidente del Centro les explico que hacían un asado con la autorización correspondiente, se lo llevaron detenido, a él y a otro estudiante de primer año", denunció la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu).

Otro suceso que vuelve a la Jujuy de Morales un "Estado de excepción", con el antecedente de ser la provincia que tiene a la presa política Milagro Sala en la cárcel hace ya casi un año y medio pese al pedido de libertad de organismos políticos, sociales, de Derechos Humanos internacionales, de la ONU, de Estados Unidos y que hasta la Procuración ya recomendó su liberación a la Corte Suprema, que tiene ahora a cargo el caso.

Embed