El juez Ariel Lijo ordenó la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, acusado de enriquecimiento ilícito. Para eso, el juez usó como antecedente el fallo de la Cámara Federal que habilitó que hoy el ex ministro Julio De Vido esté en prisión.

En 11 páginas, Lijo mandó a detener a Amado Boudou y a José María Núñez Carmona, y pidió la indagatoria de Juan Carlos López, Agustina Kampfer y Alejandro Paul Vandembroele. Los acusa del delito de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los hechos investigados datan de 2009 hasta 2015, y acusa a los imputados de haber armado una "organización criminal conformada por un grupo societario integrado como mínimo por las empresas Habitat Natural S.A.,Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A., Rock Argentina S.A., WSM S.A., BeaverCheek S.A., Action Media S.A., Vail Investments S.A., EmbarcacionesArgentinas S.A. y The Old Fund S.A.".

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Allí, sostiene Lijo, "la función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-", mientras que Núñez Carmona se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou, justamente en razón de sus cargos públicos". "En ese sentido, se destacan las cuentas en el exterior a nombre de Núñez Carmona", detalla el magistrado.

En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.

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Lijo se basa sobre eso para recordar que Boudou "ejerció el cargo de ministro de Economía y Finanzas de la Nación y posteriormente vicepresidente, lo que lo ubica en las más altas esferas del poder estatal durante un extenso período. Esta influencia puede ser extendida a José María Núñez Carmona, a quien el fiscal (Jorge Di Lello) señaló como quien revestía el carácter de persona interpuesta de Boudou".

Es decir, el juez entendió, en base a la jurisprudencia nueva de la Cámara Federal, que como ex funcionario Boudou tenía contactos suficientes para entorpercer la investigación, una motivación que alcanzaría para detener a todos los ex y actuales funcionarios imputados.

"De esta manera, toda medida coercitiva menos gravosa resulta exigua para el efectivo control de los activos de los imputados que se presumen fuera del circuito formal e, incluso, resultan débiles a los fines de evitar el desapoderamiento de los montos de dinero en efectivo que pudieran poseer dentro del circuito formal", agrega el magistrado.