Francesco “Franco” Macri rechazó el pedido de “amicus curiae” de dos investigadores en la causa de los Panamá Papers. La Cámara Federal hizo lugar a la apelación del padre del Presidente y aprovechó para embestir contra el juez y el fiscal de la causa.

"Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como el juez han diversificado la pesquisa, a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial", sostuvieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Revocaron el ingreso de Fernando “Pino” Solanas y Alejandro Olmos, quienes aportaron información en la causa, como “amigos del tribunal”, luego de que los aceptara el juez Sebastián Casanello. De paso, cuestionaron al magistrado y al fiscal Federico Delgado, que se toparon con bloqueos del gobierno nacional para conseguir datos del exterior.

LEER MÁS: Macri acumula cuatro imputaciones desde que asumió

En su fallo, al que accedió NA, el Tribunal hizo lugar a un pedido de los abogados de Francesco Macri, quien fue involucrado en la investigación por lavado de dinero. Mauricio Macri comenzó siendo investigado por omisión maliciosa de bienes al no haber inscripto en sus declaraciones juradas su participación en sociedades offshore radicadas en Panamá, las Islas Bahamas y otros países.

Luego la investigación contra el jefe de Estado se extendió hacia el presunto delito de lavado de dinero. El Tribunal sostuvo que existe una "falencia argumental" en la causa y que ello "no es más que el reflejo de la confusión que informa este proceso".

"A esta altura es de mencionar que sólo su particular método de llevar adelante esta causa -diverso al que se observa en otros procesos en los que interviene-, ha dejado sin norte la investigación", apuntó. Y advirtió que "el esforzado intento del juez instructor por mostrarse equidistante derivó en su propio alejamiento del rol de director del proceso, coadyuvando de esa forma a la actual indefinición".

"La propia necesidad del fiscal de ´redefinir´ los límites -que actualmente giran en derredor de los contornos de un entramado societario desplegado mediante el recurso jurídico de las sociedades offshore en varios países- es su más fiel expresión", sostuvo.

Pese a las críticas de la Cámara, el jefe de Estado está ahora relacionado en 50 compañías en paraísos fiscales. Fuentes cercanas a los investigadores explicaron a El Destape en múltiples ocasiones que el Gobierno nacional obstaculiza el pedido de información al exterior, donde sucedieron las operaciones de las offshores que podrían probar el lavado de dinero del Presidente.

En esta nota