Una agrupación de inquilinos porteños presentó un proyecto de ley para que quienes alquilan accedan a la tarifa social. En la actualidad, una familia destina al menos 50% de sus ingresos al pago de la mensualidad.

El grupo Inquilinos por Nuestros Derechos junto con el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC) presentaron la iniciativa en la Legislatura. "Actualmente, una familia destina por lo menos un 50% de sus ingresos al pago del alquiler", sostuvo la agrupación.

Subrayó que este año se registraron aumentos "escandalosos" en el valor de los alquileres, mientras criticó que incluso "las propias estadísticas oficiales reconocen que los precios están por encima de la inflación".

El proyecto fue presentado en el marco de la semana en la cual se conmemora el Día del Inquilino, y según sostuvo la agrupación, tiene como objetivo "aliviar la situación de casi un millón de inquilinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que se ven sistemáticamente sometidos a los abusos de inmobiliarias y grandes propietarios".

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Entre 1991 y 2001 el porcentaje de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo entre un 21% y un 22%. Sin embargo, según la Encuesta Anual de Hogares 2015, en los últimos 15 años trepó de manera "vertiginosa", al alcanzar un 35,2%. Esta cifra representa casi un millón de personas.

Puntualizó que "quienes alquilan en el llamado 'mercado informal', pagan precios similares a los que rigen en el mercado formal y acceden a viviendas en peores condiciones" en cuanto a infraestructura. "Uno de los principales impedimentos para alquilar formalmente es la exigencia de una garantía inmueble, que además en muchos casos debe ser de la Ciudad de Buenos Aires y familiar directo", apuntó.

Además, fueron presentados otros dos proyectos en los cuales se buscará que el pago de las comisiones inmobiliarias corran por cuenta de los propietarios, mientras otro se vincula con las garantías por parte del Banco Ciudad.

"Ante esta grave situación que enfrentan casi un millón de inquilinos de Capital Federal, la cual pone en riesgo sus posibilidades de acceso y sostenimiento de una vivienda digna, proponemos como punto de partida estos tres proyectos que pretenden revertir el cuadro y fomentar una mayor intervención del Estado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda de todos los ciudadanos", sostuvo la integrante de "Inquilinos por Nuestros Derechos", Carolina Herrera.

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