En el marco de la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el fiscal federal Federico Delgado solicitó que se investigue la responsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri y de la Gendarmería.

La decisión del fiscal federal se enmarca en la presentación que había realizado dos organizaciones, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo Sampay, que apuntaban a la responsabilidad del presidente, Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano.

También implica al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al director de la Gendarmería, Gerardo Otero.

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De acuerdo a la denuncia presentada que pidió investigar Delgado, los funcionarios no aportaron a la búsqueda de Maldonado e intentaron “deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación”. Además, denunciaron la violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

También, el fiscal abrió la causa para chequear si la denuncia es real, aunque no solicitó hasta el momento la imputación de ningún funcionario.

“Los denunciantes destacaron la existencia de un ‘pacto de silenciode las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado", sostuvo Delgado en su dictamen.

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Asimismo, indicó que para comenzar la investigación "es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional", por lo cual, le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que le solicite al magistrado de Esquel, Guido Otranto, "una copia urgente" de la causa por la búsqueda de Maldonado.

De este modo, Delgado exigió que se informara de forma “urgente” cuáles fueron las tareas realizadas por la Gendarmería en la ruta 40, durante el operativo en Cushamen, en el que de acuerdo al testimonio aportado ayer por dos testigos se vio por última vez a Maldonado el primero de agosto.

También, le recomendó al juez que Otranto sea apartado del expediente, ya que fue el mismo magistrado que ordenó el procedimiento de desalojo de la ruta 40, y quien “articuló la intervención de la fuerza de seguridad”.