En audiencia judicial, el Gobierno de la Ciudad se negó a discutir las reformas educativas con los docentes y estudiantes. Hace más de dos semanas que secundarios porteños están tomados en rechazo a la “Escuela del Futuro”, la transformación que insiste en imponer Horacio Rodríguez Larreta y que obligará a los menores a realizar pasantías no remuneradas en empresas privadas. Además, la ministra de Educación, Soledad Acuña, volvió a desconocer un protocolo oficial repartido a las escuelas, donde insta a criminalizar las luchas estudiantiles.

La jueza Elena Liberatori citó hoy a la funcionaria luego de haberla forzado a dar de baja el instructivo repartido a los colegios desde la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) hace dos semanas. En todo momento no se hicieron cargo en la cartera haber firmado o distribuido esta ordenanza, pero El Destape pudo corroborar que sí fueron enviados por correo electrónico.

El protocolo es una perfecta copia del redactado en 2010 por el entonces titular de la cartera y ahora candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. Por forzar a los directivos a denunciar ante comisaría o fiscalía las tomas de escuela, la misma magistrada lo había declarado anticonstitucional en ese momento. El Poder Ejecutivo debe garantizarles a los menores el derecho a la libre expresión sin criminalizados. Así dijo Liberatori en ese momento y ahora.

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El miércoles el fallo de la magistrada del fuero Contencioso Administrativo y Tributario resaltó que este instructivo fue “a todas luces más grave que el anterior”, ya que se realizó a sabiendas de que el previo fue decretado “nulo de nulidad absoluta” por su Juzgado. En el escrito de 13 páginas, Liberatori suspendió una vez más este procedimiento oficial, cuestionó en duros términos al ministerio y convocó a una audiencia que se realizó esta mañana.

En el acta de la reunión, a la que accedió este medio, se dejó constancia de un compromiso asumido por Acuña a comunicarles “vía email y en la página web del ministerio a los directores de los establecimientos educativos (tomados y no tomados) lo resuelto por la medida cautelar en el plazo de dos días hábiles”. Es decir, la suspensión de la Justicia del protocolo.

En el mismo plazo, la directora de Coordinación Legal de la cartera, Paula Colombo, deberá remitirle a la letrada el expediente de la investigación interna que convino realizar para identificar desde dónde se difundió este archivo y con qué aval.

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Dado que Acuña desconoció la difusión del instructivo, a la salida de la mediación fue consultada por un periodista de TN por la posibilidad de un boicot de funcionarios de su dependencia. “Esto es lo que vamos a averiguar”, respondió escueta. Esto también le será comunicado a las fiscalías penales que iniciaron actuaciones contra los menores que tomaron establecimientos, dado que en al menos cinco instituciones se actuó acorde a lo instruido.

En otro orden de temas, la ministra negó que fuera a ampliar el debate de la “Escuela del Futuro” con los estudiantes y docentes. Este punto fue desestimado con el argumento de que ya convocó a encuentros no vinculantes a alumnos para comunicarles los alcances de la reforma.

En un oficio remitido esta semana, Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara, intimó a Acuña a que detalle quiénes fueron los profesores y estudiantes que participaron en la elaboración de la propuesta antes de intentar imponerla, que presente los dictámenes pedagógicos y que muestre las evaluaciones de los países que ya la aplicaron.

La cautelar que permitió la suspensión del protocolo fue interpuesta por Moreno y por la asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva.

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