La Oficina Anticorrupción inició una investigación de oficio por el memorando con Qatar, paralela a la penal en la Justicia Federal, por el momento suspendida. El organismo es el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética Pública.

Consultado por El Destape a través de un pedido de acceso a la información, la entidad que comanda Laura Alonso confirmó que, en línea con sus obligaciones, abrió un expediente por el polémico acuerdo firmado entre los gobiernos argentino y catarí. Durante las negociaciones, Horacio Reyser y otros funcionarios locales les reenviaron las conversaciones confidenciales al ex tenista Gastón Gaudio y su amigo, el financista Diego Nicolás Rosendi, como había mostrado este medio.

En el documento firmado el 6 de noviembre en secreto en Doha, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES se comprometió a remitir U$S 300 millones a una offshore, mientras que la Autoridad de Inversión catarí (QIA, por el inglés) otros U$S 1.000 millones. Todo para ser invertido en la Argentina, mediante la contratación de un gestor privado.

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De acuerdo a los papeles con los que cuenta El Destape, Rosendi mostró intención de ser parte de la administración del fondo. Ante esto es que la OA indaga la posible violación a la ley 25.188 de parte de los ideólogos del tratado en el Estado: Horacio Reyser Travers, en ese entonces asesor presidencial (y ahora subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales), y Juan Procaccini, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

En respuesta a la última consulta elevada por este periodista, la flamante directora de Planificación de Políticas de Transparencia, Mora Kantor, detalló que “se remitieron los antecedentes del caso a la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción”.

Además, la OA le había enviado recomendaciones a Reyser y Procaccini el 6 de diciembre por el memorando. Allí, les advirtió que su conducta podría considerar “una falta ética, que podría incluso llevar a considerar la comisión de delito penal”. También los exhortó a que tengan en consideración "estas pautas (el Código de Ética) y deberes de comportamiento ético en su actuación como funcionario público y efectúe las aclaraciones que entienda pertinentes”.

El segundo no respondió esta solicitud, según le consta a este medio. Reyser sí, y en su descargo alegó que lo realizado “trata de actos propios de la función que me ha sido encomendada". En su defensa, citó la carta que le envió la ANSES al Juzgado de Daniel Rafecas por la causa penal. El servicio jurídico del organismo previsional opinó que “no tiene objeción legal a la firma del memorándum de entendimiento en la forma propuesta”.

Tanto el director ejecutivo del ente, Emilio Basavilbaso, como el entonces subdirector ejecutivo de operación del FGS, Luis María Blaquier, fueron imputados por la fiscal María Paloma Ochoa. Antes de que pueda iniciar la pesquisa, Rafecas desestimó el expediente. Esto fue objetado por la funcionaria del Ministerio Público, por lo que Germán Moldes deberá llevar la causa a la Cámara Federal de Apelaciones.

Recientemente, Moldes desistió a reimpulsar la investigación contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, por sobornos, lo que fue duramente criticado por un juez y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

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