Personas en situación de calle denuncian que aumentaron los casos de violencia institucional por parte de las diferentes policías que patrullan la Capital Federal. Además aseguran que el Gobierno de la Ciudad no los ayuda y permite los abusos de autoridad.

Las personas sin techo cuentan que la violencia recrudeció en los últimos meses, tras las conformación de la Policía de la Ciudad.

"Vinieron a las 8 de la mañana. Una camioneta de Espacio Público y un patrullero de Metropolitana. Se bajaron y nos exigieron que nos fuéramos. Nos tiraron agua”, contó un hombre al diario Página 12 en marzo pasado. Los casos, similares a este testimonio, aumentaron en los últimos meses.

Sin embargo, en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, se registraron sólo cinco casos de abusos de autoridad, pese a que las organizaciones que trabajan con las personas en situación de calle denuncian que el hostigamiento es diario y que existe un plan de "limpieza" de las calles.

Para buscar antecedentes en los casos de violencia orquestados por el PRO no hay que ir muy lejos. Cuando era jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri creó por decreto la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un grupo parapolicial integrado por barrabravas de Nueva Chicago que estaba coordinado por Fabián Rodríguez Simón, hoy diputado del Parlasur por Cambiemos y principal asesor jurídico del Presidente.

La UCEP dejó de existir por la denuncia de una golpiza y un intento de abuso a una mujer que estaba embarazada y vivía en la calle. Ese escándalo llevó a que se disuelva la UCEP, pese a que los vecinos de la Capital Federal denuncian que el hostigamiento ahora llega de manos de la policía.

Por la UCEP se inició una causa. Macri se le imputaban 17 casos de violencia contra gente en situación de calle durante operativos de recuperación de lugares públicos. La causa terminó cerrada para Macri, aunque se dictó el procesamiento de Rodríguez Simón.

La misión de la UCEP era mantener libre de usurpadores el espacio público “aún mediante la intimidación” y “el uso ilegítimo de la fuerza”. Hoy cambió de nombre y de ejecutores, pero las parsonas en situación de calle denuncian que sigue operando.