En sintonía con los pedidos empresariales, el Gobierno nacional modificó por DNU el sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). El Decreto 54/2017, publicado en el Boletín Oficial, establece como "obligatorio y excluyente" la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" para el reclamo de un trabajador, que pueden pasar a tener carácter de "cosa juzgada".

La medida va en sintonía con los reclamos empresariales, molestos por la llamada "industria del juicio" y que busca reducir los costos laborales. En esa línea es que el Gobierno eliminó los feriados puente, también por DNU, y busca modificar los convenios colectivos de trabajo.

La decisión del Poder Ejecutivo toma los lineamientos del proyecto de Ley que obtuvo el año pasado media sanción en la Cámara de Senadores, pero que, según la norma, "esperar los tiempos habituales del trámite legislativo pendiente ante la Cámara de Diputados irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida".

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En ese marco, entre los considerandos del Decreto se advierte que "en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales". Según la norma, la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional "agotará la instancia administrativa" del reclamo, aunque "las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central".

En ese sentido, "el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino".

Asimismo, señala que "los decisorios que dicten las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa".

La decisión del Gobierno de apurar la reforma del sistema de ART a través de un decreto generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sindicales.Por caso, desde la CGT advirtieron que la decisión del presidente Mauricio Macri es "inconstitucional" porque "no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia".