El Gobierno hará una maniobra que apunta a preservar al polémico contrato del soterramiento con Ángelo Calcaterra y descargar, de esa manera, todas las culpas en los ex funcionarios kirchneristas y a la firma brasileña Odebrecht.

Así, el presidente Mauricio Macri intenta proteger a su primo por los estamentos judiciales de EEUU y Brasil que comprometan a IECSA.

Esta empresa era la compañía de la familia Macri que en marzo pasó a manos del empresario Marcelo Mindlin. Además compromete a su socia italiana Ghella, la nueva líder del consorcio adjudicatorio de la megaobra.

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"A 18 meses de haber iniciado la obra con la asignación de un presupuesto de 3.000 millones de dólares, la administración macrista decidió ahora de manera insólita crear una “comisión investigadora” para determinar si se registraron irregularidades y distorsiones de precios en la adjudicación y puesta en marcha del soterramiento de la línea Sarmiento", reveló el sitio Informador Público.

Además, amplía: "El verdadero objetivo que tendrá el “Equipo de Trabajo” que conformó el ministro de Transporte Guillermo Dietrich por medio de la resolución 413 sería “blindar” el contrato de los embates opositores que reclaman su rescisión y proteger los multimillonarios pagos de las obras que irán a parar a la cajas de Ghella -histórica socia de los Macri- y de SACDE, la sucesora de IECSA que controla Marcelo Mindlin".

Con esa comisión, Transporte buscará desviar la atención hacia los directivos de Odebrecht que ya confesaron ante los estrados judiciales de Brasil y EE.UU. haber pagado coimas por la obra del soterramiento.

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