La Justicia porteña falló en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por volver a incumplir su obligación de brindar datos completos sobre la falta de vacantes. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa de $ 15.000 más $ 1.000 por cada día de retardo en ofrecer la información.

La Ciudad sufre una histórica carencia in crescendo del espacio educativo para los menores. Este año casi 12.000 estudiantes quedaron afuera del sistema o debieron ser anotados en colegios privados.

En rigor, el año pasado la Ciudad le negó vacantes a 11.432 estudiantes, mientras que en 2017 a 11.958. El grueso se concentra en el nivel inicial, ya que existe una falencia de jardines de infantes. La razón de estas exclusiones sobresale del presupuesto: el monto destinado a educación fue el más bajo de la historia. Mientras que representaba el 27,8% del total porteño en 2012, cayó al 18,5% este año.

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Pero el problema se remonta a mucho atrás. Fue el 9 de febrero de 2011, en plena administración de Mauricio Macri, cuando la Justicia acordó un plan de trabajo entre el Estado porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia para concertar una política pública que garantice las vacantes suficientes en el nivel inicial, el cual fue homologado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Allí se convino la creación de mesas bimestrales de trabajo entre el Gobierno porteño para monitorear el proceso y proponer acciones que ayuden al cumplimiento de su objetivo. Cinco días antes de estos encuentros, el Ministerio de Educación debe poner a disposición la información que se tratará.

Ya con la gestión de Soledad Acuña, el 22 de agosto de 2016 la cartera educativa incumplió con la antelación de los documentos y el juez de primera instancia los forzó a que el plazo sea de 15 días. El 5 de abril de este año volvió a faltar al acuerdo y el magistrado de grado los multó con $ 15.000 y $ 1.000 por cada día de retraso.

Este fallo fue apelado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario confirmó el castigo. Con el voto de Carlos Balbín y Fabiana Schafrik, los jueces ratificaron la sentencia el 29 de septiembre.

En la decisión judicial, a la que accedió El Destape, los camaristas dijeron que “corresponde confirmar la aplicación de astreintes dispuesta por el magistrado de grado” por el incumplimiento del ministerio.

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